La Ley de Educación Sexual Integral (Ley 26.150) cumple dos décadas de sanción en Argentina, aunque su aplicación efectiva sigue siendo desigual en todo el país. Así lo plantea Milagros Acosta, coordinadora de la Red de Jóvenes Federales Católicas por el Derecho a Decidir y docente de nivel inicial desde Santiago del Estero, quien señala que, pese al tiempo transcurrido, todavía existen resistencias institucionales y discursivas que limitan su llegada a las aulas.

“La Educación Sexual Integral no solo tiene que habitar en las escuelas, sino en toda la comunidad, desde que nacemos hasta los adultos mayores”, sostiene Acosta. En ese sentido, remarca que los ejes fundamentales de la ley —como el respeto a la diversidad, el cuidado del cuerpo y el conocimiento de los derechos— atraviesan la vida cotidiana y no pueden reducirse a una materia más. La entrevistada valora que la norma haya permitido que muchas niñas, niños y adolescentes puedan romper el silencio sobre situaciones de abuso al encontrar en sus maestras y maestros un espacio de confianza.

Sin embargo, Acosta advierte que la implementación no es homogénea. “Sabemos que muchas veces no es así, no llega a las instituciones como corresponde”, dice, y menciona que incluso existen frenos por parte de directivos o falta de voluntad docente. Frente a esa realidad, desde la red que coordina elaboraron materiales pedagógicos escritos por jóvenes y para jóvenes, con el objetivo de llenar vacíos que la escuela no siempre cubre. La ley, insiste, “es hermosa, tiene cinco ejes hermosos”, pero necesita de voluntad política y recursos para ejecutarse.

Acosta también pone el foco en la tensión que generan, por un lado, la obligación docente de denunciar casos de abuso infantil —tal como lo establece la Ley ESI— y, por otro, el actual clima de persecución hacia los docentes. La coordinadora se refiere a las líneas telefónicas habilitadas por el gobierno nacional para denunciar supuesto adoctrinamiento ideológico en las aulas, y sostiene que se trata de “una forma de persecución”. A ese escenario se suma el avance de un proyecto de ley que endurece las penas para quienes realicen denuncias consideradas falsas, lo que, según Acosta, desalienta a docentes y a la población afectada a recurrir al sistema judicial por temor a una contrademanda. “Los docentes dicen ‘no voy a hacer para no meterme en lío, por no ir presa’”, describe, y califica esa situación como “muy grave”, porque el efecto final es el silencio y la falta de protección para niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

La coordinadora también se detiene en los discursos que tildan a la ESI de adoctrinamiento. Para contrarrestar esa visión, su organización despliega estrategias territoriales: intervenciones en plazas, hospitales y hasta en iglesias evangélicas pentecostales. “Se acercan y ahí dicen ‘yo no sabía que esto era la educación sexual integral, mirá que interesante’”, cuenta. Acosta subraya que el contacto directo y la información clara derriban prejuicios, y que muchas familias terminan pidiendo más jornadas y materiales. “La información no le hace mal a nadie, sino todo lo contrario: fomenta una participación ciudadana y democrática mucho más activa”, afirma.

Por último, Acosta pone el foco en la necesidad de sostener los derechos conquistados más allá de los cambios de gobierno. “Cada gobierno que entre va a poner en tela de juicio nuestros derechos, sobre todo de las mujeres y las diversidades, y eso lo tenemos que defender”, dice. Aunque reconoce el avance que significó la ley en estas dos décadas, insiste en que el camino aún es largo y requiere del compromiso de toda la sociedad. “Confío en la fuerza del pueblo que siempre sale a la luz y nunca se vence”, concluye.

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