En un nuevo paso hacia la desregulación económica del transporte, el gobierno nacional oficializó este martes la eliminación del régimen de compensaciones económicas que el Estado abonaba a las empresas de colectivos de larga distancia por otorgar pasajes gratuitos.
La medida, publicada en el Boletín Oficial a través de la resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, no solo afecta a los boletos destinados a personas con discapacidad, sino también a los beneficios que alcanzaban a pacientes trasplantados, personas en lista de espera para un órgano y niños, niñas y adolescentes bajo tratamiento oncológico.
¿Qué cambia y qué pasa con el derecho de los usuarios?
A pesar de la quita del subsidio estatal a las empresas, la normativa es categórica respecto a la continuidad del beneficio para los pasajeros. El esquema de gratuidad, amparado por las leyes nacionales 22.431, 26.928 y 27.674, se mantiene intacto:
Las empresas de transporte interjurisdiccional siguen obligadas a emitir los boletos sin cargo para todos los grupos contemplados por la ley. El derecho de los usuarios a viajar a costo cero permanece plenamente vigente y es exigible.
Lo que efectivamente se da de baja es el sistema de reintegros montado en 2018, mediante el cual el Estado Nacional cubría una parte del costo de cada pasaje emitido bajo esta modalidad. A partir de ahora, ese costo operativo deberá ser absorbido por las propias compañías de transporte.
El argumento oficial: desregulación y tarifas libres
Para justificar la eliminación del subsidio, la Secretaría de Transporte argumentó que el esquema previo perdió sentido técnico y jurídico tras la entrada en vigencia del Decreto 883/2024, el cual desreguló por completo el transporte de larga distancia en el país.
Bajo este nuevo marco normativo, los transportistas gozan de plena libertad para: fijar y modificar sus tarifas sin techos estatales y establecer sus propios recorridos, horarios y modalidades de servicio.
Según la mirada oficial, al tener la capacidad de definir sus propios precios de mercado, se modificaron las condiciones que daban origen a la asistencia financiera del Estado.
Controles estrictos y transición segura
Para evitar que las empresas suspendan o retaceen la entrega de los pasajes gratuitos a raíz de esta quita de fondos, el Ejecutivo ratificó que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) mantendrá una fiscalización rigurosa sobre el sector, sancionando a aquellas firmas que no cumplan con los cupos establecidos por ley.
Asimismo, el texto oficial incorporó una cláusula transitoria que resguarda todos los trámites, solicitudes y derechos generados con anterioridad a este martes, garantizando que los viajes ya programados o en proceso de reserva no sufran alteraciones.