Argentina tendrá desde el próximo 5 de septiembre un nuevo Régimen Penal Juvenil que permitirá que adolescentes sean imputados y juzgados penalmente a partir de los 14 años. La modificación surge de la Ley 27.801, que reemplaza el sistema establecido por la Ley 22.278, vigente desde 1980.
La norma fue sancionada por el Congreso el 27 de febrero de 2026, promulgada el 6 de marzo y publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo. Su artículo 52 determinó que comenzaría a regir 180 días después de su publicación, plazo que se cumple el 5 de septiembre.
Qué cambia con la nueva ley
Uno de los puntos centrales es la reducción de la edad mínima de imputabilidad de 16 a 14 años. El nuevo régimen alcanza a las personas que tengan desde 14 años y hasta antes de cumplir los 18 al momento de cometer un delito previsto en el Código Penal o en otras leyes penales.
Esto significa que, desde la entrada en vigencia de la ley, un adolescente de 14 o 15 años podrá quedar sometido a un proceso penal, algo que no contemplaba el régimen anterior en los mismos términos.
Sin embargo, la nueva legislación establece un sistema específico para los menores de edad y contempla distintas alternativas a la prisión. Entre las sanciones aparecen la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, la prestación de servicios comunitarios, el monitoreo electrónico, la reparación del daño y, en determinados casos, la privación de la libertad.
Para los delitos cuya pena prevista sea de hasta tres años de prisión, la ley dispone que la cárcel deberá ser reemplazada por alguna de las penas alternativas contempladas en el nuevo régimen, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.
No habrá prisión perpetua para adolescentes
Otro de los puntos centrales es que queda prohibida la prisión o reclusión perpetua para los adolescentes alcanzados por el régimen. La pena máxima de privación de la libertad será de 15 años, incluso cuando la escala penal correspondiente al delito sea superior.
Cuando corresponda una privación de la libertad, podrá cumplirse en el domicilio, en un instituto abierto o en un instituto especializado de detención. Estos establecimientos deberán contar con personal capacitado y mantener a los adolescentes separados de los detenidos adultos.
La legislación también establece que las medidas deberán estar acompañadas por acciones vinculadas con educación, capacitación laboral, salud, tratamiento psicológico, actividades deportivas y reinserción social.
Las provincias deberán adaptar sus sistemas
La entrada en vigencia también representa un desafío para las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Ley 27.801 las invita a adecuar sus procedimientos y normas administrativas al nuevo régimen para adolescentes de entre 14 y 17 años.
En los últimos días, el Ministerio de Justicia comenzó a capacitar a magistrados, funcionarios y empleados judiciales de todo el país para la aplicación de la reforma. Entre los temas abordados aparecen las garantías procesales, las medidas alternativas, la mediación penal juvenil, la prisión preventiva y la intervención de equipos interdisciplinarios.
De esta manera, el 5 de septiembre marcará un cambio profundo en el sistema penal juvenil argentino, al dejar atrás un régimen con más de cuatro décadas de vigencia y establecer la responsabilidad penal desde los 14 años, aunque bajo reglas, garantías y sanciones diferenciadas de las previstas para los adultos.