El intendente Esteban Avilés encabezó una conferencia de prensa esta mañana donde se pronunció sobre la denuncia contra las empresas CONEASA y Agroproyectos SA, dueñas de los emprendimientos inmobiliarios «Miralejos», que proliferaron durante las últimas décadas en la ciudad de Villa Carlos Paz.
El municipio decidió llevar a la arena judicial el fuerte conflicto que mantiene con los sectores concentrados del desarrollo inmobiliario. En las últimas horas, se radicó una denuncia e investigación judicial contra el comportamiento corporativo de los desarrollistas, acusándolos de «hostigamiento administrativo» y «abuso del derecho».
Desde el entorno municipal señalaron que estas maniobras tenían como único norte obtener «ventajas comerciales e intereses indebidos» en la ciudad, pasando por encima de las regulaciones vigentes. Según explicaron las autoridades locales, la denuncia se fundamenta en una conducta de «amedrentamiento permanente» por parte de las empresas hacia quienes ejercen roles funcionales y de control en representación de la Municipalidad.
El objetivo de estas presiones y de las amenazas de demandas millonarias por supuestos daños y perjuicios era, según la presentación, condicionar el accionar regulador del Estado local para forzar la aprobación de proyectos edilicios polémicos.
«Estos emprendimientos tienen la denominación de fantasía «Miralejos». Esta situación ha sido provocada por un hostigamiento administrativo que han llevado adelante estas empresas, y también abuso del derecho, claramente, con una pretensión en tener ventajas o un interés indebido a favor de su accionar comercial en la ciudad. Vemos la irresponsabilidad de estas empresas en un amedrentamiento permanente a quienes tenemos responsabilidades funcionales, tratando que pasar por encima del marco legal e institucional de la ciudad»; destacó el intendente.
«Nosotros seguimos defendiendo lo que es el presente y lo que es la el futuro de la ciudad en un contexto de honestidad, de transparencia, de respeto a la ley, obviamente, identificado con la identidad carlospacense»; enfatizó Avilés.
El anuncio municipal coincide con un revés clave para las empresas en los tribunales provinciales. La Cámara Contencioso Administrativa de 1° Nominación de Córdoba rechazó de forma categórica el amparo con el que Miralejos intentaba tumbar la Ordenanza Nº 7001. La justicia respaldó la potestad del municipio para planificar su ejido urbano y frenar la construcción de torres de edificios en el área céntrica. A través de esta normativa, se priorizó la baja densidad edilicia, el resguardo de los servicios públicos y la identidad de los barrios frente a la especulación inmobiliaria.
Pero el avance del municipio no se limita a frenar los planos de las torres, sino que también golpea directamente el corazón del negocio especulador. En un trabajo conjunto con las instituciones intermedias del turismo, el área de Seguridad Turística local desplegó masivos operativos que resultaron en numerosas actas de constatación por alquileres temporarios irregulares en edificios de estas firmas, los cuales operaban sin estar inscriptos en el Registro Municipal.
Avilés volvió a ratificar que los valores de honestidad, transparencia y respeto a la ley son «intocables» y envió un duro mensaje político y puntualizó: «No permitiremos que ciertos desarrollistas inmobiliarios, convalidados por parte de la oposición local, actúen en contra de la ley y de los intereses de los carlospacenses».