La Policía de la Ciudad desbarató un taller clandestino dedicado a desbloquear teléfonos celulares durante un allanamiento realizado en el barrio porteño de Saavedra. En el procedimiento secuestraron más de 130 dispositivos y componentes electrónicos.
El operativo estuvo a cargo de efectivos de la División Delitos Tecnológicos Complejos, quienes ingresaron a una vivienda de una planta donde funcionaba el presunto laboratorio ilegal.
Durante la inspección, los investigadores encontraron 61 teléfonos celulares y 75 partes de equipos informáticos, además de herramientas y dispositivos utilizados para realizar tareas de desbloqueo.
Cómo descubrieron el taller clandestino
La investigación comenzó durante tareas de ciberprevención realizadas por personal especializado de la Policía de la Ciudad.
En esas recorridas digitales, los agentes detectaron una publicación en una plataforma de internet que ofrecía servicios para eliminar los bloqueos de activación de teléfonos celulares.
El procedimiento promocionado se conoce como bypass o salto de iCloud, una técnica que permite intentar eludir determinados mecanismos de seguridad de los dispositivos.
Según la investigación, los servicios ofrecidos constituirían una infracción a la Ley Nacional 25.891, que regula la comercialización de servicios y equipos de comunicaciones móviles.
A partir de esa publicación, los investigadores realizaron tareas de campo y analizaron registros proporcionados por la plataforma digital hasta identificar el domicilio donde funcionaba el taller.
Secuestraron celulares, computadoras y equipos de desbloqueo
Con las pruebas reunidas, la Justicia Federal autorizó un allanamiento en la vivienda investigada.
Durante el procedimiento, los policías secuestraron 61 celulares, 75 componentes informáticos, una herramienta de desbloqueo Sigma, pendrives, discos externos y cuatro notebooks.
Todos los elementos quedaron a disposición de la Justicia para su análisis, mientras que el responsable del establecimiento quedó sujeto a las actuaciones judiciales.
La causa está a cargo de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N.º 11, encabezada por Gerardo Pollicita, con intervención del Juzgado Federal N.º 5, a cargo de María Eugenia Capuchetti.
Los investigadores buscan determinar el origen de los teléfonos encontrados y establecer si los dispositivos estaban vinculados con otros hechos delictivos.