La Municipalidad de Villa Carlos Paz denunció en la justicia a las empresas desarrollistas detrás de los edificios «Miralejos», acusadas de haber «hostigado» y «amenazado» a funcionarios para lograr la aprobación de polémicos proyectos. Se sumó un nuevo capítulo de alto impacto en la estrategia de ordenamiento urbano que enfrentó al gobierno local con las empresas constructoras que están detrás de la especulación inmobiliaria.

El intendente Esteban Avilés radicó una presentación judicial contra el directorio de las empresas Conea S.A. y Agroproyectos S.A. (desarrollistas de la conocida marca de torres Miralejos) bajo las figuras de «hostigamiento administrativo y abuso del derecho».

Concretamente, se les endilga haber intentado obtener «ventajas y beneficios indebidos» en su actividad comercial y privada a través de un «permanente amedrentamiento», que habría incluido reclamos intimidatorios por supuestos daños y perjuicios millonarios dirigidos a funcionarios municipales con el fin de «condicionar» su labor reguladora.

Casi en paralelo a la denuncia del Ejecutivo, se conoció un dictamen clave. La Cámara Contencioso Administrativa de 1° Nominación de Córdoba rechazó el amparo judicial que el desarrollista de Miralejos había interpuesto para intentar declarar nula la Ordenanza Nº 7001, sancionada en agosto de 2023. Esta normativa resultó clave para lograr la suspensión total de nuevas construcciones de viviendas colectivas (torres de departamentos) en Villa Carlos Paz y mitigar la alta densidad edilicia en el área céntrica, preservar el perfil e identidad de los barrios residenciales y proteger la infraestructura de servicios públicos.

Esta norma solo permite edificaciones destinadas exclusivamente a infraestructura turística (hoteles), salud, educación e instituciones.

Con este fallo adverso para las empresas, la justicia ratificó la potestad del municipio para planificar y congelar el crecimiento inmobiliario vertical en defensa del ejido urbano.

Alquileres temporarios «flojos de papeles» en la mira

El conflicto no termina en los planos y los ladrillos. El municipio informó que, tras un trabajo de fiscalización conjunta con las cámaras turísticas de la ciudad —mediante el Departamento de Sostenibilidad, Inversión y Seguridad Turística—, se desplegaron masivos operativos de control. Como resultado, se labraron numerosas actas de constatación en diversos edificios de estas mismas firmas tras comprobarse que se ofrecían y coordinaban alquileres temporarios de manera irregular, operando de forma clandestina al no estar inscriptos en el Registro Municipal obligatorio.

Avilés apuntó al negocio y a la oposición local

Tras confirmarse la ofensiva judicial y de control, el intendente Esteban Avilés se plantó con un fuerte mensaje político y vinculó el accionar privado con sectores políticos locales. «Nuestra gestión comunitaria tiene valores intocables como la honestidad, la transparencia y el respeto a la Ley. No permitiremos que ciertos desarrollistas inmobiliarios, convalidados por parte de la oposición local, actúen en contra de la ley y de los intereses de los carlospacenses»; disparó el mandatario.