En una reunión conjunta de las comisiones de Pequeñas y Medianas Empresas y de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONG de la Cámara de Diputados, legisladores de distintas bancadas firmaron este martes un dictamen de consenso para reformar la Ley 24.467.
La iniciativa central, impulsada por la diputada Carolina Basualdo, busca incluir explícitamente a las cooperativas dentro del universo de micro, pequeñas y medianas empresas, permitiéndoles acceder a los beneficios fiscales y de financiamiento del sector.
La escala productiva por encima de la forma jurídica
El eje del proyecto radica en modificar el primer párrafo del artículo 2° de la Ley 24.467. El objetivo no es crear un marco de privilegios exclusivos, sino garantizar igualdad de condiciones frente al resto de los actores económicos.
«El énfasis debe estar puesto en la escala económica de la cooperativa. Producen, prestan servicios, contratan trabajadores, invierten, poseen activos y asumen riesgos económicos, aun cuando no tengan una finalidad lucrativa. No podemos utilizar la forma jurídica de una organización para desconocer su realidad económica», remarcó Basualdo durante su exposición.
La iniciativa establece que las entidades de la economía social sean evaluadas con la misma vara objetiva que rige para cualquier empresa comercial: volumen de ventas, cantidad de personal ocupado y nivel de activos.
El origen del reclamo: la traba reglamentaria de 2023
La necesidad de esta reforma surgió tras cambios reglamentarios aplicados en 2023, cuando se incorporó el requisito de ánimo de lucro para definir a las empresas MiPyME.
Esa modificación relegó a las cooperativas a la categoría de «formas asociativas de MiPyMEs», obligándolas en muchos casos a certificar la condición individual de cada uno de sus asociados para tramitar programas oficiales. Este esquema generó trabas burocráticas y exclusiones operativas que golpearon de lleno a cooperativas de servicios públicos, trabajo, consumo, vivienda y producción agropecuaria.
El impacto del Certificado MiPyME
Acceder formalmente al estatus MiPyME habilita herramientas clave para la competitividad y el alivio financiero cotidiano:
Alivio impositivo: Pago del IVA diferido a 90 días para micro y pequeñas empresas.
Créditos fiscales: Compensación del impuesto a los débitos y créditos bancarios (impuesto al cheque) a cuenta de Ganancias.
Beneficios laborales: Esquemas diferenciales en las contribuciones patronales.
Comercio y financiamiento: Regímenes de exclusión de retenciones, facilidades para exportar y acceso prioritario a líneas de crédito productivas.
