La causa por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA sumó este miércoles un nuevo capítulo judicial que representa un revés para el presidente Javier Milei. La Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a la queja presentada por cinco damnificados que buscan recuperar su condición de querellantes en el expediente.

La decisión fue adoptada por la Sala II, con los votos de los jueces Alejandro Slokar y Ángela Ledesma. En disidencia se pronunció Guillermo Yacobucci, quien consideró que el recurso debía ser declarado inadmisible.

El fallo no implica todavía la reincorporación automática de las víctimas, pero habilita el tratamiento del recurso de casación que había sido rechazado en una instancia anterior. Ahora, el máximo tribunal penal deberá escuchar a las partes y resolver si los damnificados pueden volver a intervenir formalmente en la investigación.

Los cinco afectados que buscan recuperar ese lugar en el expediente son Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo.

De conseguirlo, podrán impulsar la acción penal, presentar nuevas pruebas y recurrir las decisiones judiciales, entre ellas los sobreseimientos dictados en primera instancia.

Cómo llegaron las víctimas a Casación

El conflicto comenzó en julio pasado, cuando el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi resolvió apartar a los cinco damnificados del rol de querellantes. El magistrado consideró que no estaba acreditada la existencia de una estafa y, por lo tanto, que no correspondía reconocerlos como víctimas en el proceso.

La decisión fue apelada, pero la Cámara Federal porteña confirmó el apartamiento con los votos de los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi.

Además, ese tribunal rechazó la posibilidad de que los damnificados llevaran su planteo ante Casación. Frente a esa negativa, sus abogados presentaron un recurso de queja, que finalmente fue aceptado este miércoles.

En su presentación, los representantes de las víctimas cuestionaron que se les impidiera participar de una investigación centrada en la promoción inicial del activo digital por parte del Presidente, que generó un importante volumen de operaciones antes del desplome abrupto de su cotización.

Los argumentos de los jueces

La resolución de Casación se apoyó en dos votos favorables. Slokar consideró que los cuestionamientos presentados podían encuadrarse dentro de las causales previstas en el artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación.

Por su parte, Ledesma acompañó esa postura al considerar que se había planteado una cuestión federal suficiente para habilitar la instancia.

Yacobucci, en cambio, votó en contra y sostuvo que correspondía declarar inadmisible el recurso.

En la parte resolutiva, la Sala II dispuso hacer lugar a la queja y conceder el recurso de casación contra la decisión de la Cámara Federal que había confirmado el apartamiento de los cinco damnificados.

El avance de las víctimas en Casación se produce en un escenario judicial complejo. El juez Martínez de Giorgi había dispuesto el sobreseimiento de todos los acusados, a instancias del fiscal Eduardo Taiano.

Sin embargo, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, cuestionó el cierre de la investigación y pidió que se dejara sin efecto esa resolución por considerarla prematura.

El planteo fue presentado el 29 de octubre, luego de una intervención impulsada por las organizaciones CIPCE e INECIP.

La Fiscalía Anticorrupción sostuvo que la pesquisa no estaba agotada y que todavía quedaban medidas de prueba por realizar. También presentó una apelación subsidiaria para el caso de que el pedido de reapertura fuera rechazado.

Actualmente, el expediente se encuentra bajo la intervención del juez Daniel Rafecas, quien ejerce una subrogancia.Por su parte, Nicolás Oszust, representante de Martín Romeo, consideró que el fallo comienza a reparar lo que definió como una injusticia de las instancias anteriores. Su socio, Agustín Rombolá, también manifestó su expectativa de que Casación finalmente admita a los damnificados como querellantes.

El próximo paso será determinar si los cinco denunciantes recuperan formalmente su participación en el expediente. Si eso ocurre, podrán cuestionar los sobreseimientos y promover nuevas medidas para que la investigación sobre el lanzamiento y el desplome de $LIBRA vuelva a avanzar.