El fiscal provincial pidió agravar las penas contra la pareja de jóvenes trans que tuvo un enfrentamiento contra el padre de uno de ellos. Fenoll ignoró las vulnerabilidades de los acusados y la historia de violencia intrafamiliar que quedó evidenciada en el juicio, y pidió una condena de 13 años y 4 meses. «Ni a los femicidas les den esta cantidad de agravantes», lamentaron las abogadas defensoras.
El juicio que investiga las responsabilidades penales de Lulén y Max en el enfrentamiento con William Watts está llegando a su fin y podría tener sentencia este viernes. La pareja de hombres trans está imputada de tentativa de homicidio calificado por el vínculo y por alevosía, por los hechos ocurridos el 5 de febrero de 2025 en una vivienda de barrio Cofico.
Ese día, según la instrucción de la causa, Lulén se dirigió a su casa paterna junto con Max para recuperar unas fotografías de su abuela, recientemente fallecida y quien había tenido un papel fundamental en su crianza. Por motivos que aún se investigan, se generó una violenta discusión y un enfrentamiento físico entre los tres, sin lesiones graves para ninguno de los implicados.
Un vecino observó lo sucedido, gritó y llamó a la Policía, y desde ese día, Max y Lulén se encuentran privados de su libertad en la Cárcel de Bouwer.
Para el representante legal de William Watts, se trató de un ataque planificado y un intento de parricidio.
Por otro lado, la defensa no niega la existencia de una agresión física, pero rechazan que se haya tratado de un intento de asesinato y visibilizan además la complejidad del vínculo, atravesado por años de maltrato y violencia psicológica por parte de William Watts contra su hijo, a quien discriminó y apartó por su elección sexual y de género.
Hasta acá, la función lógica de cada una de las partes. Sin embargo, la sorpresa del proceso la dio el fiscal Marcelo Fenoll. El representante del Ministerio Público Fiscal sobreactuó severidad contra los acusados, hostigó a las y los testigos propuestos por la defensa —la mayoría, de la comunidad LGBT— y planteó una estrategia acusatoria que no surge de la prueba incorporada en la causa.
«El trato con las testigos, con las abogadas y con toda persona que no sea hombre hétero cis fue horroroso», lamentaron desde el entorno de los acusados.
La abogada defensora Rocío García Garro remarcó la especificidad del caso: «Es evidente que hay un tratamiento diferente. Al tratarse de un juicio en contra de dos personas trans, vemos cómo se despliega toda la selectividad penal y el poder punitivo, que es sumamente discriminador. Un caso igual, que fuera la agresión de un varón hétero cis, no tendría el mismo tratamiento».
«Todas las calificaciones que se pueden pedir a la hora de analizar este hecho puntual, se han pedido. Ni a los femicidas les den esta cantidad de agravantes (…) Hay una clara falta de perspectiva de género por parte del fiscal», agregó Dania Villanueva, también abogada de Max y Lulén.
Tal es así que el fiscal Fenoll fue más allá de la instrucción y de la propia querella, y pidió agravar aún más las calificaciones contra Max y Lulén, solicitando agravantes por «codicia» y por «criminis causa», cuando ninguna prueba conduce a las nuevas imputaciones.
Con ese escenario, Fenoll pidió una condena de 13 años y 4 meses contra Max y Lulén. Para tomar dimensión, hace dos años, Fenoll pedía casi la misma cantidad de condena para un hombre que había violado durante cuatro años a una niña de su familia y que la entregaba a camioneros para que abusaran de ella.
«El fiscal de Cámara tiene la obligación de ser objetivo; está dentro de los principios de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal. Pero evidentemente ha perdido su objetividad, porque la acusación no surge de la prueba, surge de la mente de una persona que no tiene perspectiva de género. Es grave que no vea de manera objetiva la vulnerabilidad estructural de ser trans en esta sociedad; y la vulnerabilidad específica de Lulén, con una historia de depresión y violencia desde que es niño», indicó una de las abogadas defensoras.
A lo largo de las audiencias, las personas que atestiguaron dieron cuenta del contexto de violencia de género que vivió Lulén durante años. Entre las testigos estuvieron amigas de los acusados, terapeutas e incluso la mamá de Lulén, expareja del denunciante, quien aportó información sobre la violencia y el desprecio que ejercía William sobre su hijo adolescente y cómo eso repercutió en su autoestima y su salud mental.
«Lulén estuvo mucho tiempo intentando tener buena relación con su padre, trabajándolo en terapia, y no pudo. Y solo encontró respuesta en huir de su padre, aun perdiendo el vínculo con su abuela, que fue quien prácticamente la crió. Estuvo ocho meses sin ir a visitar a su abuela; ella fallece en ese lapso, y el padre no le avisó. Y luego le dijo que se había muerto por su culpa, porque ella era lesbiana. Y eso eran mentiras de él. Violencia psicológica constante», expuso Villanueva.
Al respecto, desde el colectivo Mala Racha, que acompaña a los acusados, son contundentes: «El homoodio, el transodio y la misoginia de la sociedad patriarcal y sus instituciones son cotidianas, por ello, muchxs buscamos y construimos espacios de cuidado desde donde existir, resistir y crear. Para algunxs afortunadxs, ese espacio es la familia, pero para otrxs, la familia es el primer lugar de exclusión, rechazo y negación de la propia identidad».
La Cámara Quinta del Crimen, junto a jurados populares, deberá definir este viernes las responsabilidades de Lulén y Max en el hecho y si la sentencia contempla atenuantes por el contexto de violencia de género que quedó evidenciado durante todo el proceso.
* Por Ezequiel Luque para La tinta
