El Estado nacional enfrenta un posible desembolso de casi 10 millones de dólares en honorarios para los abogados de Cristina Kirchner y de otros demandados en el juicio civil relacionado con la causa Vialidad.
La situación se originó luego de que la Justicia declarara la caducidad de la demanda civil promovida por la Dirección Nacional de Vialidad, al considerar que transcurrió el plazo establecido sin que el organismo impulsara el proceso.
La Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal confirmó la caducidad de la instancia. De acuerdo con la resolución judicial, el último acto considerado impulsorio había ocurrido el 17 de marzo de 2023. Durante parte del período posterior el expediente estuvo suspendido y, una vez reanudado el cómputo de los plazos, se alcanzó el tiempo necesario para declarar la caducidad.
Cuánto debería pagar el Estado por los honorarios
Tras el cierre del juicio civil comenzó la discusión por los honorarios correspondientes a los abogados que representaron a los diferentes demandados.
Según los cálculos difundidos, la suma en discusión alcanza aproximadamente los $13.614 millones, un monto que equivale a cerca de US$10 millones, considerando el IVA.
La cifra no corresponde exclusivamente a los abogados de Cristina Kirchner, sino que comprende a una docena de letrados que representaron a diferentes personas involucradas en el expediente.
Los representantes de la expresidenta, Luis Goldín y Fernando Muriel, tendrían honorarios por aproximadamente $880,9 millones entre ambos, mientras que otros abogados involucrados en el proceso tienen regulaciones considerablemente superiores.
Por qué el pago todavía no está confirmado
Pese a la magnitud de las cifras, el Estado todavía no tiene que desembolsar esos casi US$10 millones de manera inmediata.
Vialidad Nacional presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema con el objetivo de revertir la decisión que declaró la caducidad del juicio civil.
Además, el 14 de julio de 2026, la Cámara Civil y Comercial Federal frenó el trámite de regulación de los honorarios hasta que exista una definición del máximo tribunal.
Los abogados de Cristina Kirchner recurrieron posteriormente a la Corte para intentar destrabar el procedimiento. Goldín y Muriel plantearon una supuesta “privación de justicia” y solicitaron que se anule la decisión que mantiene paralizada la regulación.
De esta manera, aunque la cifra cercana a los US$10 millones es real y surge de los honorarios en discusión, el pago no se encuentra firme y dependerá de las decisiones judiciales pendientes.
La diferencia con el decomiso de la causa Vialidad
La controversia se produce mientras continúa otro frente judicial vinculado con la causa Vialidad: el decomiso derivado de las condenas penales.
Se trata de cuestiones judiciales diferentes. El reclamo de honorarios corresponde al juicio civil que terminó por caducidad, mientras que el decomiso está relacionado con las consecuencias económicas de las condenas dictadas en la causa penal.
Ahora, la atención está puesta en la Corte Suprema, cuya intervención será determinante para conocer qué ocurrirá finalmente con el juicio civil y con los millonarios honorarios reclamados.