Sanatorios y clínicas de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Chubut paralizarán la atención este lunes 24 de agosto. Reclaman una actualización arancelaria que compense la inflación acumulada del 341% frente a un magro aumento del 143%. La obra social de los jubilados, bajo la excusa del «déficit fiscal», profundiza el deterioro del sistema.
El ajuste que el gobierno de Javier Milei prometió como «ordenamiento fiscal» encontró una nueva víctima: la salud de los jubilados. Clínicas y sanatorios de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Chubut anunciaron que suspenderán la atención a afiliados al PAMI por 24 horas el próximo lunes 24 de agosto. La medida, que afecta a más de 300.000 personas con cobertura de la obra social, es la consecuencia directa de un plan de ajuste que el gobierno nacional justifica en la reducción del gasto público, pero que en los hechos se traduce en el deterioro progresivo de los servicios esenciales para los sectores más vulnerables.
Los prestadores advierten que los aranceles que paga el PAMI acumulan una «tremenda» pérdida de su valor real. Entre enero de 2024 y julio de 2026, la inflación fue del 341%, según datos del Indec, mientras que los aranceles subieron nominalmente apenas un 143%. La cuenta es simple: haría falta un incremento cercano al 80% para que los ingresos de las clínicas emparejen la suba de precios. «Esto es producto de meses y meses de deterioro; nosotros todos los meses reclamamos y la respuesta es que no hay plata. El ajuste nos lo están haciendo a nosotros, que no somos casta ni nada que se le parezca«, dijo a La Nación Rubén Kowalyszyn, director médico de la Clínica Viedma.
El argumento oficial, repetido hasta el hartazgo, es que no hay fondos porque el «déficit fiscal» obliga a recortar gastos. Pero mientras el gobierno destina recursos a otros rubros y sostiene discursos sobre la «casta», el sistema de salud de los jubilados se desangra. Las clínicas de la Patagonia, que atienden a un universo de afiliados que representa entre el 30% y el 40% de sus ingresos, aseguran que el PAMI solo comprometió un aumento que, en términos reales, será de apenas el 6% y que recién se percibirá en octubre. Es decir, durante la mayor parte del año, trabajan con precios del año pasado, mientras los costos de insumos, medicamentos y salarios siguen subiendo.
«Lamentamos los inconvenientes que esta situación causa a los afiliados, pero, como lo venimos manifestando, el sistema y la atención continuarán deteriorándose, en la medida en que el PAMI y/o las autoridades nacionales que correspondan no definan políticas que resuelvan el financiamiento necesario», señala el comunicado firmado por 28 entidades prestadoras. La medida de este lunes no es un capricho: en junio ya se había suspendido la atención en guardias, y en abril se anunció un plan de restricciones de servicios. La decisión de paralizar por completo la atención (incluso cirugías programadas y guardias) es el grito de auxilio de un sector que ya no puede sostener el costo de la salud con aranceles congelados.
El reclamo no es aislado. Según datos de la asociación de prestadores Adecra+Cedim, a marzo pasado, el índice de costos de salud mostró un incremento interanual del 30%, mientras que las subas dadas por el PAMI en todo el país fueron de apenas el 10,4% en promedio. Es decir, los reajustes arancelarios se ubicaron casi 20 puntos porcentuales por debajo del alza de las erogaciones necesarias para dar los servicios. La salud de los jubilados, una vez más, queda atrapada en la lógica del ajuste: el gobierno recorta, las clínicas no pueden sostener la atención, y los afiliados pagan las consecuencias de un modelo que prioriza el equilibrio fiscal por encima del bienestar de las personas.
Redacción Diario de Punilla
Fuente: La Nación