La organización Conciencia Solidaria presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco de su lucha contra los desmontes en la provincia de Chaco. La entidad viene cuestionando desde hace años el ordenamiento territorial de bosque nativo y ahora apunta contra la ley sancionada durante la gestión del gobernador Zdero, por considerarla irregular y regresiva en materia ambiental.
Según explicó Luciana Gagliardo, referente de la ONG, el conflicto se remonta a la falta de un ordenamiento territorial entre 2014 y 2021, lo que derivó en una presentación judicial que obligó al gobierno provincial a elaborar uno en 90 días. Sin embargo, tanto el decreto 2157 del año 2022 como la posterior ley sancionada por la legislatura provincial adolecen de graves vicios. “Plagado de irregularidades, violatorio del acuerdo 169 de la OIT con falta de participación de pueblos originarios, falta de participación ciudadana”, detalló Gagliardo, quien también subrayó que la norma incumple la ley de presupuestos mínimos de bosques al no garantizar los procedimientos adecuados.
El principal problema técnico señalado por la organización radica en la modificación de las categorías de zonificación. La nueva ley amplió la zona amarilla, donde se permite la intervención antrópica, y redujo la zona roja, que es la de mayor valor protectorio. “Dejaban de base al descubierto 230.000 hectáreas nuevas desprotegidas con todo lo que eso implica”, advirtió Gagliardo. La activista remarcó que esta cifra es engañosa, porque la falta de controles efectivos habilita desmontes ilegales que van más allá de lo permitido legalmente.
Tras el rechazo de una acción de inconstitucionalidad por parte del Superior Tribunal de Justicia de Chaco, la organización decidió llevar el caso a la máxima instancia judicial del país. Gagliardo destacó que el fallo no fue unánime, ya que la magistrada Grillo les dio la razón al reconocer las irregularidades en el proceso de construcción de la ley. “Le imponés las costas, además del juicio, a los luchadores ambientales. Totalmente arbitrario y retrógrado y violatorio el acuerdo Escazú”, expresó la entrevistada en referencia a las costas del juicio que deben afrontar.
Desde Conciencia Solidaria sostienen que detrás del avance sobre el monte nativo existen intereses económicos y políticos que incluyen desde megafactorías de cerdos y ganadería intensiva hasta emprendimientos inmobiliarios y monocultivos. “Hay connivencia política y empresarial, y también, por qué no decirlo, mediática. Hay un manejo muy turbio”, afirmó Gagliardo.
Para continuar con el proceso judicial, la ONG lanzó una campaña de donaciones y sorteos, y la gente puede colaborar a través de sus redes sociales o comunicándose directamente con la referente. La base de la contribución solidaria es de 20.000 pesos y quienes realicen su aporte participarán del sorteo de una freidora de aire, una pava eléctrica y una estadía para dos personas de dos noches en la localidad de La Cumbrecita. Gagliardo invitó a la comunidad a sumarse a través de las redes sociales de la ONG o por vía telefónica, y explicó que el gesto de colaborar implica un mensaje claro: “Me importa el ambiente, colaboro, dono”.
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