La capacitación obligatoria en Derechos Humanos para funcionarios y agentes públicos de los tres poderes del Estado se implementa en Córdoba en el marco de la ley Sonia Torres (10.962), sancionada por la Legislatura provincial el 24 de marzo de 2024. Leandro Nieva, director de Asistencia a Víctimas de Terrorismo de la Secretaría de Derechos Humanos y Diversidad, explicó que el programa se organiza en cuatro ejes: Memoria, Verdad y Justicia; pueblos originarios; migrantes; y diversidades sexuales. El bloque de Memoria se trabajó junto a los tres espacios de memoria de la provincia. «Muchas veces algunas vulneraciones a los Derechos Humanos suceden también por el desconocimiento de los mismos», señaló Nieva como premisa de la iniciativa.
El funcionario subrayó que la formación está destinada tanto a quienes diseñan las políticas públicas como a quienes las ejecutan. «Los agentes, que son los que van a ejecutar esa política y que son la primera línea que se tiene entre el Estado y los ciudadanos, puedan tener conocimiento respecto a cuáles son los Derechos Humanos y a cómo se debe actuar frente a un ciudadano de cualquier índole», afirmó. En cuanto a las fuerzas de seguridad, indicó que las capacitaciones específicas para la Policía de Córdoba se sostienen desde antes de la sanción de la ley y que «siempre han tenido un muy buen resultado y buena recepción por parte de los funcionarios», contemplando las particularidades del ejercicio cotidiano de la tarea policial.
Nieva consideró que el programa cordobés puede replicarse en otras jurisdicciones y que «es necesario que se extienda a los gobiernos de las otras provincias, también obviamente a la órbita nacional», sostuvo, y advirtió que «un Estado que no conoce de los derechos, o que sufre el desconocimiento de los derechos humanos, de la vigencia de los mismos, bueno, termina siendo un Estado que probablemente vulnere esos derechos, por desconocimiento, sin ningún tipo de intencionalidad concretamente». Mencionó además el artículo de la ley que permite a los municipios adherir a la capacitación y contó que la semana pasada se realizó una instancia con el Sindicato de Empleados de Comercio, con la intención de ampliar la formación a actores de la sociedad civil.
Respecto del contexto nacional, Nieva describió que «muchas cuestiones que antes se podían articular o coordinar desde la provincia con Nación, hoy en día esas posibilidades ya no existen o son acotadas», afirmó, y agregó que «claramente hay un vaciamiento de esas políticas o no hay un interés en continuar con esas políticas». Como ejemplo, mencionó que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación desvinculó al equipo de psicólogos que acompañaba a las víctimas en la causa Gutiérrez/Di Santo, por delitos de lesa humanidad ocurridos en el sur provincial, y que la provincia conformó un nuevo equipo con sede en Córdoba Capital, articulado con el municipio de Río Cuarto, para sostener esa asistencia. También recordó que la última campaña de búsqueda de restos de personas desaparecidas (causa Enterramientos Clandestinos) fue financiada y coordinada por la provincia ante la falta de respuesta nacional.
Sobre el avance de los discursos de odio explicó que «la pérdida del respeto hacia el otro se genera en el momento en el que uno deshumaniza a la persona y le quita esa calidad de humano que justamente los derechos humanos vienen a garantizar una protección, aunque sea mínima, frente a esas situaciones». Frente a ese panorama, planteó que «los discursos de odio también se tienen que deconstruir, se tienen que deconstruir mediante la difusión y mediante la capacitación», y rechazó las respuestas exclusivamente punitivas: «Los discursos de odio no se pueden contrarrestar únicamente, o como algunas iniciativas que se dan, mediante una sanción, mediante una perspectiva punitiva». En esa línea, valoró el rol de los tres Espacios de Memoria provinciales, a los que describió como «verdaderamente escuelas de democracia», y anticipó que la Secretaría busca sumar a clubes de barrio y clubes deportivos como ámbitos de difusión.
En materia de derechos ambientales, Nieva explicó que los reclamos se derivan a las carteras correspondientes y que, ante posibles colisiones de derechos, se convocan mesas de trabajo con todos los sectores involucrados. Citó el caso de la reserva de La Calera, donde las mesas de diálogo derivaron en que la obra proyectada no se llevara adelante. «La intención nuestra, como Secretaría de Derechos Humanos, en ese sentido entendemos que es a través de generar canales de diálogo cuando estos no se han podido generar a través de otras carteras, poder nosotros cumplir con esa función para que puedan ser escuchados todos los actores de la sociedad», explicó. Finalmente, insistió en que los derechos humanos constituyen un patrimonio colectivo y no exclusivo de un sector: «Cuando nosotros asumamos como sociedad que los derechos humanos son patrimonio de todos, de todas y de todes, ahí lo vamos a empezar a respetar, ahí lo vamos a empezar a cuidar y vamos a entender la necesidad de la protección de estos derechos».
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