El proyecto impulsado por el gobernador Martín Llaryora se convirtió en ley. Dotará a la provincia de herramientas inéditas para intervenir, clausurar y demoler inmuebles vinculados al narcotráfico y al delito.
En una de las sesiones más importantes previas al receso invernal, la Legislatura de la Provincia de Córdoba aprobó este miércoles de manera unánime la denominada Ley Provincial Antibúnker y Antiaguantaderos. Se trata de la primera legislación con estas características específicas en el país, diseñada para atacar directamente la estructura logística del narcomenudeo y las guaridas delictivas.
La sanción en la Unicameral llegó tras un fuerte trabajo de consenso. El texto final compatibilizó el proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo con propuestas y modificaciones clave aportadas por los legisladores de la oposición Oscar Saliba (Unión Cívica Radical) y Oscar Agost Carreño (PRO).
El fuerte respaldo político de Llaryora
Horas antes de que comenzara el debate en el recinto —donde el oficialismo ya tenía asegurados los votos necesarios—, el gobernador Martín Llaryora encabezó un fuerte acto político en la Sala Sonia Torres del Centro Cívico. Flanqueado por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y el de Justicia y Trabajo, Julián López, el mandatario dio detalles de lo que definió como «un instrumento central para seguir mejorando la seguridad de los cordobeses».
«Córdoba es una de las provincias de Latinoamérica más hostiles con el narcotráfico», afirmó contundente Llaryora durante la presentación. Con un discurso enfocado en la pacificación barrial, argumentó: “La tranquilidad en un barrio llega no solo cuando detenemos al delincuente, sino también cuando derrumbamos ese lugar para que desaparezca de una vez por todas el hecho material que permite delinquir”.
La puesta en escena del Ejecutivo previo al debate legislativo fue leída además como una ratificación y un respaldo político explícito a la gestión de las carteras de Seguridad y Justicia. En particular hacia Juan Pablo Quinteros, quien venía recibiendo fuertes cuestionamientos tras la desaparición y posterior femicidio de la adolescente Agostina Vega, un caso que conmociona a la provincia bajo la investigación del fiscal Raúl Garzón.
Cómo funcionará la nueva ley: del tapiado a la demolición
La norma crea un régimen administrativo y judicial específico de intervención temprana sobre propiedades privadas o públicas. La ley establece que el Estado podrá actuar bajo dos premisas objetivas:
- Cuando los inmuebles estén vinculados de manera actual, anterior o reiterada a actividades delictivas (funcionando como búnkeres de droga, aguantaderos o aguantaderos del delito).
- Cuando se encuentren en un estado de abandono, deterioro relevante, desmantelamiento o riesgo de ruina que afecte la convivencia ciudadana y facilite la comisión de ilícitos.
Entre las herramientas inmediatas que tendrán las autoridades se encuentran las inspecciones obligatorias, informes técnicos rápidos y resoluciones fundadas que habilitarán el cerramiento, bloqueo de accesos, tapiado, clausuras provisorias y el retiro de elementos de riesgo. Asimismo, mediante la correspondiente orden judicial, se podrá avanzar hacia el desalojo y la demolición definitiva del búnker, o bien la restitución inmediata del inmueble en caso de que pertenezca a dueños legítimos que hayan sufrido una usurpación.
Control y aplicación interagencial
Para garantizar la transparencia y efectividad de los operativos, la ley contempla la creación de la Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos y un Registro Provincial específico. Esta unidad estará conformada por representantes del Ministerio de Seguridad (autoridad de aplicación general), el Ministerio de Justicia y Trabajo, la Policía de Córdoba, el Ministerio Público Fiscal y la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), coordinando además acciones directas con los municipios y comunas de toda la provincia.