En medio de un clima de alta tensión gremial, la Municipalidad de Córdoba y la Provincia rubricaron este jueves un acuerdo histórico: la Policía de Córdoba asumirá el control directo de la seguridad vial y el ordenamiento del tránsito durante la visita del Papa León XIV.
El documento, bautizado institucionalmente como Convenio Específico de Cooperación y Coordinación Operativa Extraordinaria, fue firmado en el Palacio 6 de Julio por el intendente capitalino, Daniel Passerini, y el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros.
La rúbrica busca blindar la logística del evento y evitar que se repitan los desbordes del domingo pasado, cuando una retención de tareas de los inspectores municipales obligó a la fuerza policial a improvisar un operativo de tránsito de urgencia en plena ciudad.
El ministro Quinteros aclaró que el acuerdo no marginará al personal municipal en su totalidad, pero sí rediseña por completo las jerarquías operativas en los sectores críticos:
Anillo 1 (Zona de exclusión papal): Estará bajo comando exclusivo de la Policía de la Provincia, garantizando la circulación de la comitiva y la seguridad del Pontífice sin depender de la asistencia municipal.
Perímetros secundarios y accesos: Contemplan la articulación con los agentes e inspectores de distintas áreas municipales que presten servicio regular.
«No se excluye la participación de inspectores, pero fijamos prioridades claras. Tenemos que garantizar que ante una eventualidad no tengamos que salir en pocas horas a organizar un operativo masivo. Córdoba no será rehén de ningún reclamo, capricho ni extorsión»; remarcó Quinteros.
Passerini apuntó contra un «sector negligente»
Durante la conferencia de prensa posterior a la firma, el intendente Passerini desmintió de forma tajante las acusaciones gremiales sobre supuestos atrasos salariales:
«No se le debe nada a los municipales: han cobrado todo su sueldo, sus horas extras y no hay ninguna deuda exigible. El domingo los eventos salieron adelante gracias a los muchos responsables que tenemos frente a estos pocos irresponsables».
La escalada verbal entre Llaryora y el Suoem
El convenio sella institucionalmente una semana de fuego cruzado entre las autoridades gubernamentales y el Sindicato de Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem).
El gremio había justificado la medida del último domingo aduciendo que el Ejecutivo adeudaba rubros salariales desde hacía cinco meses, argumentando que los inspectores no estaban dispuestos a prestar servicios extraordinarios sin cobrar.
El conflicto escaló aún más cuando desde el Suoem calificaron de «carancho» al gobernador Martín Llaryora, acusándolo de haber dejado desfinanciado el municipio durante su gestión como intendente. La réplica de Llaryora no tardó en llegar: a través de declaraciones televisivas, el gobernador fustigó con dureza a la dirigencia sindical al sentenciar que su gestión no dejará «indefensos a los cordobeses frente a esta manga de inadaptados».