El juicio por el siniestro ocurrido en el camino de Altas Cumbres, que terminó con la vida de Alejandra Bengoa y dejó con múltiples secuelas a su hija Marina y a su amiga Alexa, ya cuenta con todas las declaraciones testimoniales. María Luque, integrante de la Mesa de Derechos Humanos de Traslasierra, siguió cada una de las audiencias y ofreció un recorrido por lo más saliente de este proceso que lleva tres años y medio.
«Lo que hemos visto es que la defensa de González trató de no llegar al juicio», señaló Luque. «Hizo que se demorara proponiendo cosas que son legales, pero eran artilugios judiciales para demorar y en medio lograr que las familias tomaran lo que ofrecían de dinero». Una de esas maniobras fue la probation, presentada fuera de tiempo y forma, según explicó la entrevistada. Este tipo de causas suele resolverse en aproximadamente un año, pero en este caso el proceso se extendió considerablemente.
Los testigos que declararon durante las audiencias describieron un patrón de conducción altamente peligrosa por parte de Óscar González. «Los testimonios dan cuenta de un mal manejo o un no respeto de las leyes viales», resumió Luque. Desde el momento en que salió de la autopista de Córdoba hacia Carlos Paz, distintos testigos relataron sobrepasos indebidos: primero cerca de la Shell, luego en el parador de Copina donde pasó a cuatro autos por la línea de sobrepaso, después en una cascada y finalmente, antes del siniestro, a dos vehículos seguidos, todos por línea amarilla. El perito accidentólogo sostuvo que si Alejandra no hubiera estado en ese lugar, González habría chocado contra el camión que circulaba adelante.
Uno de los aspectos que destacó la entrevistada fue la calidad del trabajo de investigación realizado por la fiscalía. «La provincia tiene un montón de profesionales que desde distintas áreas hacen lo que tienen que hacer», afirmó. Mencionó especialmente a la perito psicológica que, según dijo, «lo derrumbó a González», y a los peritos que realizaron la reconstrucción virtual y la pericia accidentológica, ante quienes «se vio la desesperación de la defensa tratando de chicanearla». La investigación incluyó una tarea poco habitual: «Unos detectives que tiene la provincia tenían como tarea ver en las redes cuando se hablaba del siniestro, quienes hacían comentarios de que lo habían visto, y después contactarlos», y la mayoría de esas personas accedieron a declarar.
El comportamiento del imputado durante las audiencias fue otro de los puntos que llamó la atención de quienes siguieron el juicio. «No se le mueve un pelo desde que entró el primer día, no hace gestos, no hace nada, es como que está en otro mundo, con una soberbia de que nada de lo que digan le toca», observó Luque. Ese rasgo de personalidad también fue abordado por la pericia psicológica, que describió a González con una personalidad de omnipotencia: «Él cree que todo lo puede, venía pasando autos por doble línea amarilla, tenía un apuro y lo que importa siempre es lo que él quiere y lo que él puede todo».
El costo humano del litigio resultó devastador para las familias. «Mantener el litigio te lleva a que el costo en salud mental ha sido muy alto», reconoció Luque. Los tíos de Marina, oriundos de Mar del Plata, viajaban cada quince días para sostener a las chicas, lo que implicó «no solo la salud mental, sino también las arcas económicas» y la pérdida de empleos. «Han sido los tíos de Vera y Marina los que han sostenido desde que salió Marina del hospital en enero del 2023 hasta el presente toda la economía de las chicas», agregó.
Luque también valoró el rol del juez durante las audiencias, especialmente en el trato hacia las víctimas: «Está dando un comportamiento que todos soñamos que la justicia tenga: humanidad con las víctimas cuando van a testimoniar, esperarlas, si se quiebran pedirle si quiere hacer una pausa, que está todo el tiempo disponible para esperarlas hasta que puedan hablar». También señaló que «el juez ha tenido que llamarle la atención a la defensa» por la actitud de chicaneo hacia los peritos, algo que consideró injusto hacia personas que se presentan con buena voluntad y compromiso ciudadano. Para el cierre, Luque reflexionó sobre lo que está en juego: «Toda la provincia debe estar enterada de lo que pasó, porque estas cosas van a seguir pasando y si hubieran tomado el dinero, que es lo que muchas otras familias han accedido, no se ventila la forma de ser del victimario». El proceso judicial aún tiene por delante la etapa de alegatos, donde fiscales y defensa expondrán sus argumentos. «Buscamos que la justicia no se cambie de carril», concluyen desde la Mesa de Derechos Humanos local.