En una jornada de alta tensión política e institucional que sacude al Cono Sur, el Congreso de la República del Paraguay destituyó mediante juicio político relámpago al presidente Santiago Peña Palacios. La remoción del jefe de Estado se produjo tras el vertiginoso colapso e intervención de Ueno Bank, la entidad bancaria más importante del país por volumen de clientes, desencadenando masivas protestas sociales y un profundo cimbronazo financiero.

El desencadenante de la crisis fue la decisión del Banco Central del Paraguay de intervenir la entidad tras constatar severas deficiencias patrimoniales y una caída de su solvencia por debajo de los límites legales. La parálisis bancaria dejó congelados los ahorros de cerca de 2,9 millones de usuarios y comprometió entre 800 y 1.200 millones de dólares en fondos estatales pertenecientes al Instituto de Previsión Social (IPS), las centrales hidroeléctricas binacionales Itaipú y Yacyretá, y el Ministerio de Economía.

En un intento por frenar el juicio político, Peña anunció su dimisión a través de un mensaje grabado. Sin embargo, el Congreso bloqueó la maniobra retirándose del recinto para dejar la sesión sin cuórum. El objetivo parlamentario fue evitar que el mandatario dimitiera formalmente y accediera a la inmunidad constitucional que la Carta Magna concede a los expresidentes bajo la figura de senadores vitalicios. Al ser condenado por mal desempeño en juicio político (con apoyo unánime en Diputados y 44 votos a favor en el Senado), perdió de forma inmediata la protección de fueros.

Horas después del fallo legislativo, la Fiscalía anticorrupción notificó la orden de detención domiciliaria para el exmandatario en Asunción por la causa que investiga presuntas maniobras de lesión de confianza, conflicto de intereses y omisión de deberes de control en el sistema financiero. Tras la remoción de Peña, el vicepresidente Pedro Alliana juró ante el Congreso como nuevo Presidente de la República para completar el mandato constitucional hasta agosto de 2028.