La muerte de un jubilado de 72 años en la provincia de Mendoza generó conmoción y abrió una investigación judicial que terminó con la detención de su propio hijo. La víctima, identificada como Francisco Carlos Morán, fue hallada en condiciones extremas de abandono dentro de su vivienda de Godoy Cruz y falleció un día después de ser internada.
El caso salió a la luz el pasado 10 de mayo, cuando una llamada al 911 alertó sobre la situación en una casa del departamento mendocino. Personal médico y efectivos policiales acudieron al lugar y encontraron al hombre en un estado de salud alarmante.
Según trascendió, el jubilado presentaba una severa desnutrición, falta de higiene y múltiples hematomas en distintas partes del cuerpo. Además, en la vivienda prácticamente no había alimentos. En medio de ese cuadro desesperante, la víctima repetía una frase que impactó a los rescatistas: “Tengo hambre”.
Ante la gravedad de su estado, fue trasladado de urgencia a una clínica privada, donde murió apenas 24 horas después. El informe médico indicó que sufrió un edema agudo de pulmón provocado por una bronconeumonía, aunque también se constató el delicado estado físico en el que se encontraba.
La investigación quedó a cargo del fiscal Juan Carlos Alessandra, quien apuntó desde el inicio contra Sergio Gustavo Morán, de 41 años, hijo de la víctima y conviviente en el domicilio. El acusado no se encontraba en la vivienda cuando llegaron los servicios de emergencia.
Tras permanecer prófugo durante dos semanas, el hombre fue localizado el 24 de mayo mediante un sistema de reconocimiento facial y detenido por las autoridades.
La Justicia lo imputó por abandono de persona agravado por el vínculo y por el grave daño causado a la salud de la víctima, una figura penal que contempla penas más severas debido a la relación familiar y al desenlace fatal del caso.
Fuentes judiciales también descartaron que el acusado padezca problemas psiquiátricos, una versión que había comenzado a circular tras conocerse el hecho. Además, se informó que contaba con antecedentes judiciales por una causa de violencia de género tramitada en 2024.