La diputada nacional por Córdoba, Natalia de la Sota, presentó una denuncia penal contra el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, acusándolo de los delitos de desobediencia judicial e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Esta acción legal, radicada en los Tribunales Federales de Córdoba, se fundamenta en el sistemático incumplimiento de una sentencia judicial que obligaba al Estado a regularizar los pagos y las prestaciones para los beneficiarios de los programas INCLUIR Salud y PAMI.

Según la legisladora, el Gobierno nacional persiste en una política de desfinanciamiento que afecta directamente a las personas con discapacidad, habiendo cesado la mayoría de los pagos de pensiones y servicios en diciembre de 2025.

El conflicto judicial escaló luego de que el juez federal Hugo Vaca Narvaja hiciera lugar a un amparo colectivo impulsado por familias y organizaciones del sector, advirtiendo sobre un «riesgo inminente» para la salud de los beneficiarios si no se garantizaba la continuidad de tratamientos y medicamentos. A pesar de que el magistrado notificó oficialmente al ministro Lugones y le otorgó un plazo de 72 horas bajo apercibimiento para normalizar la situación, el plazo venció sin que el Ministerio de Salud tomara medidas efectivas. En lugar de acatar la orden, el Estado Nacional presentó cinco recursos judiciales, entre apelaciones y quejas, para dilatar el cumplimiento de la medida cautelar que rige desde mayo de 2026.

Al momento de formalizar la denuncia con el patrocinio de los abogados Marta Lastra y Félix López Amaya, De la Sota manifestó que su decisión responde a que el ajuste sobre los sectores más vulnerables ha llegado a un límite. La diputada enfatizó que no permanecerá indiferente ante lo que considera un abandono por parte del Estado, señalando que la falta de pago a prestadores y transportistas pone en peligro la red de contención de miles de familias. Esta denuncia se integra en un marco de acciones más amplio donde la legisladora también impulsa leyes para blindar el nomenclador de prestaciones y evitar la desregulación del sistema