La preocupación recorre las organizaciones campesinas desde que el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada ingresó en la agenda legislativa. Carolina Llorens, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, fue contundente al señalar que la iniciativa no es un hecho aislado, sino que forma parte de una ofensiva mayor contra los recursos naturales del país.

En diálogo con CDM Noticias, la referente campesina explicó que la modificación a la ley de protección del dominio nacional sobre tierras rurales representa un riesgo concreto para la soberanía territorial. “Estamos con gran preocupación y accionando articuladamente con otras organizaciones”, afirmó, y advirtió que el proyecto “viene para apropiarse de los bienes comunes”. La dirigente vinculó esta propuesta con otras leyes ya impulsadas por el gobierno nacional, como el RIGI y la ley de glaciares, y sostuvo que el objetivo final es facilitar el desembarco de los grandes capitales sobre el campo argentino.

El trámite parlamentario de la ley genera incertidumbre en el sector. Llorens precisó que el proyecto se encuentra actualmente en el Senado y que la tensión política crece a medida que se acerca el momento de su tratamiento. “Hay mucha tensión en diferentes espacios políticos”, comentó, y remarcó que desde el movimiento campesino vienen impulsando instancias de diálogo para que sus voces sean escuchadas. Según explicó, la norma no haría más que agravar el proceso de desarraigo que ya afecta a miles de familias en el campo.

Para graficar el avance de las empresas extranjeras, la entrevistada puso el foco en la provincia de Córdoba. Allí, en la zona de Traslasierra, opera la empresa Fondomonte, subsidiaria de una firma láctea de Arabia Saudita, que posee grandes extensiones de tierra. Sobre esta compañía, Llorens aportó un dato revelador: “Es una empresa que ha sido echada desde su propio país y de Estados Unidos porque tiene procesos de producción muy intensivos”. El problema, explicó, es el consumo masivo de agua que seca las napas, lo que obliga a las comunidades cercanas a perforar pozos cada vez más profundos o directamente a abandonar el territorio. Este escenario, que ya ocurre con las regulaciones vigentes, se multiplicaría si se aprueba la nueva ley.

La amenaza no se limita a Córdoba. La referente mencionó también la situación de Jujuy, donde el avance de la minería sobre tierras indígenas se da en un contexto de fragilidad jurídica, ya que muchas comunidades no cuentan con la titulación de sus propiedades. “Han avanzado con los cateos mineros y están avanzando las mineras”, denunció, y agregó que ese proceso se apropia del agua y deja a las comunidades sin posibilidades de producir. Todo esto, sumado al vaciamiento de las políticas de apoyo a la agricultura familiar, configura para Llorens “un plan sistemático de hambre y de expulsión de las tierras rurales para apropiación de los grandes capitales”.

Uno de los argumentos centrales de la dirigente apunta a que este paquete legislativo no solo perjudica a los campesinos, sino a toda la sociedad. En ese sentido, recordó que son los sectores rurales quienes producen los alimentos y advirtió que la profundización del modelo extractivista agravará la situación de hambre que ya se padece. “Es toda una estructura legal para reprimarizar la economía y someter a un pueblo como el nuestro”, sentenció.

Un informe presentado recientemente por el Movimiento en Cruz del Eje aporta una mirada complementaria al problema. Allí, la organización visibilizó la situación de las mujeres campesinas e indígenas, y los resultados son elocuentes. Llorens detalló que el relevamiento, realizado con 150 familias, muestra que las mujeres son propietarias apenas del 25 por ciento de la tierra y que, a pesar de constituir el 70 por ciento de la fuerza productiva, solo participan en un cuarto de las decisiones comerciales. “Nos encontramos con una pobreza de tiempo estructural que tenemos las mujeres campesinas e indígenas”, afirmó, y explicó que esa sobrecarga se debe a la simultaneidad de tareas que deben afrontar.

La crisis climática y la escasez de agua agravan esa desigualdad. La referente describió cómo, ante la falta del recurso, son los cuerpos de las mujeres los que terminan asumiendo el costo: deben recorrer más kilómetros para conseguir agua o levantarse en medio de la noche para alimentar a los animales en jornadas de calor extremo. Todo ese trabajo invisible, que sostiene la vida cuando avanza la precariedad, se incrementa sin que existan políticas de cuidado adaptadas a la ruralidad. Incluso en los momentos en que hubo este tipo de programas, Llorens precisó que nunca llegaron con un enfoque específico para el campo.

Frente a este diagnóstico, el movimiento no se limita a la denuncia. La entrevistada contó que la propia investigación fue concebida como una herramienta de visibilización y que están realizando talleres territoriales para socializar los resultados. Además, articulan con otras organizaciones y con los movimientos feministas para impulsar lo que denominan una reforma agraria feminista popular. “Necesitamos como país y como mundo poner los cuidados en el centro para poder seguir viviendo de manera digna”, sostuvo Llorens, y subrayó que las mujeres campesinas, aunque son las que menos apoyo reciben, cumplen un rol central en el cuidado ambiental y en la producción de alimentos.

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