La crisis que atraviesa el Poder Judicial de Córdoba no es un hecho reciente ni aislado. Según explicó Darío Di Tomaso, delegado en Cosquín de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial, el conflicto se arrastra desde 2009, cuando el gobierno provincial sancionó una ley de equiparación salarial que benefició únicamente a funcionarios y magistrados, dejando afuera al resto de los trabajadores. “Eso originó un doble sistema salarial”, sostuvo el delegado, y recordó que, pese a los acuerdos alcanzados en 2014 y a la reestructuración de planta lograda en 2025, los avances fueron truncados por nuevas medidas del Ejecutivo.

Di Tomaso detalló que el gobierno provincial, a través de la ley 11.087 de equidad jubilatoria, estableció aportes extraordinarios que elevan la contribución de los judiciales al 26% de su salario, cuando históricamente era del 18%. “Hay un robo de parte del gobierno de la provincia sobre los salarios de los trabajadores judiciales”, afirmó con dureza. Añadió que esta norma no solo perjudica a los empleados, sino que también afectó a los propios magistrados, al retrotraer sus haberes a valores de 2009.

El delegado enfatizó que el verdadero responsable de esta situación es el gobernador Martín Llaryora, a quien señaló como el único que puede resolver el conflicto mediante la asignación de recursos. “El problema no lo tienen los colegios de abogados o los trabajadores. Acá el problema lo tiene el gobierno de la provincia de Córdoba”, remarcó. En este sentido, denunció que mientras se recortan partidas para el Poder Judicial, se destinan millones a pauta publicitaria y se crean cargos superpuestos, como la Procuraduría Penitenciaria.

Más allá del reclamo gremial, Di Tomaso advirtió sobre el impacto directo en la ciudadanía. Explicó que la demora en los trámites judiciales genera desconfianza en los abogados y perjudica a quienes necesitan resolver cuestiones familiares, laborales o de violencia de género. “El servicio de justicia es lo que necesita la comunidad para resolver sus problemas”, indicó. También subrayó que la falta de equipos interdisciplinarios agrava la situación, ya que en tribunales como los de Cosquín, durante 30 años solo hubo una psicóloga y una trabajadora social para atender una problemática que se multiplicó.

Para el delegado, esta crisis expone una intromisión del Poder Ejecutivo en la autonomía del Poder Judicial, que depende presupuestariamente de la provincia. “Si bien el Poder Judicial es autártico, depende del presupuesto de la provincia”, señaló. Añadió que el presupuesto destinado a justicia cayó de 8 a 5 puntos del PBI provincial en las últimas décadas, mientras los casos de violencia y conflictos vecinales aumentaron exponencialmente.

Finalmente, Di Tomaso vinculó la problemática judicial con la falta de políticas públicas integrales. Sostuvo que el gobierno no aborda las causas estructurales de la violencia, como la falta de trabajo, el consumo de drogas o la salud mental, y que el Poder Judicial queda colapsado ante la ausencia de respuestas estatales. “Así no se puede seguir. Con este nivel de violencia no se puede seguir”, concluyó, y llamó a reflexionar sobre el tipo de sociedad que se desea construir, donde los fondos públicos se utilicen para garantizar justicia y contención a los más vulnerables.