La reciente detención del joven conocido como «El Orejudo», el precoz criminal de Villa Carlos Paz, reabrió heridas en la familia de Sebastián Villarreal, quien fuera asesinado en febrero de 2024 en un asalto violento en Yofre Norte. Tras conocerse la nueva aprehensión del adolescente, quien actualmente tiene 16 años, Jimena Villarreal, la hermana de Sebastián, utilizó sus redes sociales para expresar su indignación y cuestionar duramente al sistema judicial y al gobierno provincial.
«Es aterrador, muy angustiante y agotador pensar que esto es un loop del que no vamos a salir»; expresó. Según sostuvo, la noticia de la detención volvió a trasladar a la familia al momento más doloroso de sus vidas: el asesinato de Sebastián. En su mensaje, Jimena aseguró que durante estos años la familia debió enfrentar no solo el dolor por la pérdida, sino también un proceso judicial que calificó como revictimizante.
Además, recordó que actualmente se encuentra en trámite un pedido de casación luego que dos de los tres imputados por el crimen fueran absueltos. «Hubo tres jueces que dejaron absueltos a dos de los tres imputados adultos. Esperamos que Casación pueda revisar las inconsistencias de esos fundamentos»; manifestó.
También apuntó contra las políticas de contención implementadas por el Estado para menores en conflicto con la ley. En ese sentido, recordó declaraciones de funcionarios provinciales sobre el seguimiento que recibía el adolescente y sostuvo que las medidas aplicadas resultaron insuficientes. «Después los devuelven a la misma familia, al mismo barrio y al mismo círculo. Todo sigue exactamente igual»; afirmó la mujer.
Durante su descargo, Villarreal insistió en que tanto el Estado como el sistema judicial tienen responsabilidades directas en situaciones como la que atravesó su familia y aseguró que muchas tragedias podrían evitarse si las instituciones actuaran de manera oportuna. «Se podría haber evitado mucho de esto si se hubiera actuado cuando se debía actuar y no tarde»; reiteró.
Finalmente, sostuvo que la nueva detención vuelve a poner en discusión el funcionamiento del sistema de protección y control de menores, al tiempo que reclamó medidas concretas para evitar que otras familias atraviesen situaciones similares.