El femicidio de Rocío Gómez en Santa María de Punilla vuelve a poner bajo la lupa la actuación y los mecanismos de control del Poder Judicial de Córdoba. Su agresor y expareja, Maximiliano Baudraco, se encontraba bajo el régimen de condena de ejecución condicional, pero no cumplía con las reglas impuestas por la justicia al momento de cometer el crimen.
En octubre de 2025, el vocal de la Cámara de Cruz del Eje, Javier Rojo, había condenado a Baudraco a dos años de prisión condicional en un juicio abreviado por delitos de amenazas en contexto de violencia familiar y resistencia a la autoridad.
Para mantener su libertad, el imputado debía cumplir con una serie de pautas: realizar tratamiento psicoterapéutico por violencia y adicciones, hacer tareas comunitarias, finalizar sus estudios y mantener la restricción de acercamiento con respecto de la víctima.
Alertaron sobre los incumplimientos
Según precisó Patricia Corbalán, directora del Patronato del Liberado, Baudraco no cumplió con las obligaciones fijadas. Tras faltar a las citaciones iniciales, se presentó en dos oportunidades sin certificar el inicio o continuidad de los tratamientos exigidos.
«En la segunda presentación manifestó haber iniciado tratamiento psicológico pero no haberlo continuado (...). De cualquier manera, no presentó ningún tipo de certificación», explicó la funcionaria, quien confirmó que la institución reportó oportunamente estas faltas a la autoridad judicial correspondiente.
El control de estas medidas estaba a cargo del Juzgado de Ejecución N° 1 de Córdoba, cuyo titular es el juez Facundo Moyano Centeno. Pese a las advertencias remitidas por el Patronato, no se le notificó al organismo de control si el tribunal citó al imputado o tomó alguna medida disciplinaria para revocar o revisar su libertad.
El juez Moyano Centeno y el Caso Grasso
El nombre del juez Moyano Centeno ya sumaba fuertes críticas tras el femicidio de Milagros Basto. En ese hecho está imputado Horacio Grasso, un hombre que se encontraba en prisión domiciliaria en el mismo departamento donde hallaron el cuerpo de la joven en un armario.
En la causa Grasso —quien además sumó una elevación a juicio por el abuso sexual de una familiar durante la domiciliaria—, tanto el Servicio Penitenciario como el Patronato del Liberado habían elevado más de un centenar de informes sobre violaciones de perímetro registradas por la tobillera electrónica y salidas no autorizadas. Estas omisiones derivaron en una investigación abierta contra el juez en la Oficina de Sumarios del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Un entramado bajo la lupa
La cadena de responsabilidades institucionales en torno a la causa salpica a otros actores del ámbito judicial:
Incomunicación administrativa: Junto a Moyano Centeno, se investigan las actuaciones de la fiscal Ingrid Vago por presuntas dilaciones en denuncias previas vinculadas al entorno de Grasso.
Sumarios pendientes sobre el juez de la condena: Javier Rojo, el vocal de Cruz del Eje que le otorgó la condena condicional a Baudraco en 2025, registra investigaciones internas por denuncias de maltrato laboral y acoso formuladas por trabajadoras judiciales. Aunque el Tribunal de Ética recomendó sanciones severas por considerar las conductas como prácticas corrientes, la investigación en la Oficina de Sumarios del TSJ aún no ha concluido.
Fallos polémicos: Recientemente, Rojo cobró notoriedad tras absolver a cuatro jóvenes acusados de un abuso sexual grupal en Bialet Massé, sustentando su decisión en argumentos sobre la rigor de las investigaciones y citando dichos sobre denuncias falsas.
El trágico desenlace de Rocío Gómez vuelve a encender el debate sobre la efectividad de las medidas de conducta, la falta de articulación entre las instituciones de control y la respuesta de los juzgados de ejecución ante las alertas tempranas en casos de violencia de género.