Paraguay atraviesa una de las mayores crisis políticas y financieras de los últimos años. El presidente Santiago Peña quedó bajo una fuerte presión institucional luego de que el Banco Central interviniera Ueno Bank, una entidad financiera que tenía cerca de tres millones de clientes y cuyos problemas de solvencia provocaron incertidumbre entre ahorristas, trabajadores y organismos públicos.
En ese contexto, la Cámara de Diputados comenzó este jueves 5 de noviembre a debatir un pedido de juicio político contra el mandatario y su vicepresidente, Pedro Alliana. La iniciativa fue impulsada por legisladores opositores y disidentes del oficialismo, pero adquirió mayor fuerza luego de que el gobernante Partido Colorado anunciara que también acompañará el proceso.
El respaldo del espacio oficialista representa un duro golpe para Peña, quien llegó al poder en agosto de 2023 con un mandato previsto hasta 2028. El expresidente Horacio Cartes, líder del Partido Colorado y uno de sus principales referentes políticos, comunicó públicamente su apoyo al juicio político con el argumento de que es necesario recuperar la institucionalidad del país.
En ese marco, Peña presentó su renuncia. Pero la oposición no le acepta la dimisión porque pide su juicio político.
El conflicto se desencadenó el martes 3 de noviembre, cuando el Banco Central del Paraguay dispuso iniciar el proceso de resolución de Ueno Bank, después de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo exigido por la normativa.
La decisión implicó la suspensión de las operaciones de la entidad y dejó a millones de usuarios con dificultades para acceder a sus depósitos, realizar transferencias y disponer de sus recursos. Ueno tenía aproximadamente 2,9 millones de clientes en un país de poco más de seis millones de habitantes.
La situación generó protestas y concentraciones de ahorristas, jubilados y trabajadores, que reclamaron respuestas y garantías para recuperar su dinero. La preocupación también alcanzó a las instituciones públicas, debido a que el banco administraba importantes recursos estatales y previsionales.
La controversia tiene, además, un componente político: Peña mantuvo participación accionaria en Grupo Vázquez, el conglomerado empresarial vinculado a Ueno, hasta marzo de 2025. Ese antecedente forma parte de los cuestionamientos por posibles conflictos de intereses incluidos en el pedido de juicio político.
Entre los argumentos de la acusación también aparecen presuntas irregularidades en el manejo de fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), cuestionamientos a los organismos de control y posibles beneficios para el grupo empresario relacionado con la entidad financiera.
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El futuro político de Santiago Peña
La crisis se profundizó luego de que Horacio Cartes anunciara que el Partido Colorado acompañaría el proceso de juicio político. También el presidente del Congreso, Basilio Núñez, reclamó públicamente la renuncia de Peña y anticipó su respaldo a la destitución si el mandatario no deja el cargo.
El procedimiento constitucional establece que la acusación necesita el respaldo de dos tercios de los diputados presentes para avanzar al Senado. Allí, los legisladores deberán resolver si corresponde la separación del presidente de sus funciones.
Mientras tanto, el Gobierno busca mecanismos para atender a los depositantes afectados. El Banco Central anunció la puesta en marcha de los procedimientos previstos en el Fondo de Garantía de Depósitos para comenzar a devolver parte de los ahorros, mientras avanzan las investigaciones sobre las presuntas irregularidades financieras.
La crisis también derivó en la renuncia del titular del Banco Central, Carlos Carvallo, a pedido del propio Peña, y en la detención de directivos vinculados a Ueno Bank.
Una aclaración importante para la publicación: al cierre de la información disponible este jueves 5 de noviembre, no está confirmada la renuncia de Santiago Peña. La propia Presidencia paraguaya había desmentido versiones sobre una eventual dimisión y ratificado que el mandatario continuaba en funciones. Por lo tanto, el hecho noticioso es el avance del juicio político y el aislamiento político del presidente, no su renuncia formal.
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