En la antesala del debate en el Senado, el proyecto conocido como Super RIGI enfrenta duras críticas desde el ámbito académico. Luciana Ghiotto, investigadora del CONICET e integrante del Observatorio del RIGI, sostiene que la iniciativa no se limita a ofrecer beneficios fiscales, sino que implica una transformación estructural que podría convertirse en un “candado” jurídico difícil de revertir. La especialista subrayó que el texto está orientado a captar inversiones del sector tecnológico militar, un movimiento que se alinea con la reciente visita de empresarios vinculados a ese rubro.

Lejos de la promesa de desarrollo masivo, el análisis de Ghiotto desmonta la ilusión de la generación de puestos de trabajo. “La promesa era que en promedio cada data center iba a generar 1.700 puestos de trabajo, pero cuando vemos, 1.700 puestos de trabajo en la construcción de los data centers, en los primeros 7, 8, 10 meses de trabajo, una vez que arranca a trabajar el data center, que ya no necesitas construcción, solamente podés sostener un data center con 10 personas”, detalló.

Uno de los puntos más alarmantes para la investigadora es la prioridad absoluta que el régimen otorga a las empresas sobre los recursos esenciales. A su juicio, esto queda en evidencia al leer la letra del proyecto, que impide cualquier ley de abastecimiento que pueda afectar los suministros de agua o electricidad a estos emprendimientos. “Como el RIGI y el Super RIGI plantean que no puede haber ley de abastecimiento sobre los proyectos del Super RIGI, lo que te encontrarás es que en caso de que haya un problema de abastecimiento de agua, abastecimiento energético en la Argentina, en estos proyectos no pueden ser cortados el suministro de agua o electricidad”, explicó.

La advertencia de Ghiotto va más allá de lo económico y alcanza el terreno de los derechos constitucionales. Para la especialista, la combinación del RIGI actual y el Super RIGI configura un blindaje para el capital que termina cercenando garantías básicas de la población. “Si vos mirás la combinación del RIGI y del Super RIGI, te encontrás frente a una cantidad de regulaciones a favor del capital, a favor de las grandes empresas, que lo que están haciendo, de hecho, es poner un coto, un límite, cercenan los derechos constitucionales”, afirmó.

El contexto de esta discusión no es menor, y la investigadora encontró un espejo en la crisis de 2001. Recordó que el andamiaje jurídico que se pretende instalar ahora podría derivar en un escenario similar al de aquella década, cuando las privatizaciones y los tratados de protección de inversiones generaron una catarata de juicios internacionales contra el Estado. “Esa crisis del 2001 nos sirve para pensar hoy lo que podría pasar dentro de unos poquitos años en caso de que esta situación económica rebote en una nueva crisis institucional fuerte”, alertó.

En el plano federal, las provincias también quedarían despojadas de herramientas clave para gestionar sus recursos. El proyecto avanza sobre la autonomía impositiva de los distritos al prohibirles cobrar el impuesto al sellado y al reducir la alícuota de ingresos brutos. Además, Ghiotto denunció que el régimen no exige ningún tipo de contraprestación local, y puso como ejemplo la llegada de trabajadores extranjeros sin vinculación con la economía regional. “El caso de una minera que está trayendo 5.000 trabajadores de China, y que directamente la ciudad donde van a vivir estos trabajadores está traída en containers, o sea, ni siquiera se va a utilizar proveedores nacionales, ni siquiera trabajadores nacionales”, señaló.

Finalmente, la investigadora remarcó la dificultad de modificar este marco regulatorio en el futuro, ya que los proyectos gozarían de una estabilidad de 30 años. “Por eso va a ser muy difícil acabar con ese marco jurídico”, sentenció, e invitó a la ciudadanía a seguir la información actualizada en el sitio del Observatorio del RIGI, que reúne a organizaciones como el CELS y el Transnational Institute.

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