La lucha de las vecinas del sur de la ciudad de Córdoba contra la contaminación generada por la planta de bioetanol Porta Hermanos dio un paso inédito. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió el caso y se abocará al estudio de la responsabilidad del Estado argentino por las vulneraciones denunciadas. Se trata de un hecho calificado como excepcional, ya que apenas el cinco por ciento de las demandas alcanzan esta etapa de análisis.

Así lo confirmó María Laura Carrizo, representante del Área de Ambiente de Fundeps, en diálogo con CDM Noticias. En sus palabras, «la noticia ideal sería que Porta quedara trasladada del barrio, pero la buena noticia que tenemos hoy es que este caso pasa a ser analizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos». La demanda fue presentada hace dos años con el patrocinio de Fundeps y las vecinas nucleadas en VUDAS (Vecinos Unidos en Defensa de un Ambiente Sano).

El conflicto se remonta a 2012, cuando la planta comenzó a producir bioetanol sin realizar la evaluación de impacto ambiental exigida. Carrizo detalló que «desde su primer momento la planta funciona sin haber realizado una evaluación de impacto ambiental y además hay cinco sentencias judiciales que fueron incumplidas». La más reciente, del 3 de agosto, volvió a cuestionar a la Secretaría de Ambiente de la Provincia por no cumplir con lo ordenado desde 2019.

Los efectos en la salud de la población son el eje central de las denuncias. «Vienen denunciando sobre todo impactos en la salud de la comunidad, impactos en la salud de la población», sostuvo la entrevistada, y enumeró: problemas de piel, dificultades respiratorias, afecciones digestivas, cáncer, abortos espontáneos y malformaciones. La cercanía es extrema: «está el portón de la planta y empiezan las casas de los vecinos», precisó.

La situación se agrava por el riesgo de explosión e incendio, lo que las vecinas describen como una «bomba de tiempo» para la ciudad. «Estamos poniendo en riesgo la vida de una gran parte de la población de la ciudad de Córdoba y ante eso no se puede hacer caso omiso», enfatizó Carrizo, quien además subrayó que hay una vulneración al derecho de acceso a la justicia porque «las sentencias no se están ejecutando y el gobierno de Córdoba viene haciendo oídos sordos».

Este es el segundo caso vinculado a contaminación ambiental en Argentina que llega a esta etapa internacional, después del caso Atanor. Para la representante de Fundeps, el camino recorrido por las vecinas es «absolutamente ejemplar» y destacó su capacidad de sostener redes y confiar en un sistema que «tantas veces las defrauda». La expectativa ahora está puesta en la recolección de pruebas para la nueva etapa ante la Comisión, mientras se espera que el fallo internacional siente un precedente para el derecho ambiental en el país.

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