La ordenanza que eliminaba el adicional por gastos de representación que perciben el intendente, la viceintendenta y los secretarios municipales de La Falda no logró sortear este miércoles en el Concejo Deliberante el veto de Javier Dieminger y, finalmente, fue desestimada.

A pesar del acompañamiento de concejales oficialistas, y con una votación casi calcada a la sesión del 17 de junio pasado, el nuevo tratamiento del proyecto cosechó cuatro votos positivos y tres negativos, aunque no alcanzó la mayoría especial de dos tercios para rechazar el veto y confirmar la ordenanza.

El proyecto había sido impulsado por la concejala Gabriela Sacco, del bloque La Falda en Acción, quien repitió su voto positivo al igual que su compañero de bancada Francisco Villanueva y las concejalas oficialistas Ludmila Ochoa y Karen Tymoszczuk. En tanto, la concejala del bloque de Juntos por La Falda Alicia Auferil, quien había votado positivo, estuvo ausente con aviso.

Por su parte, los concejales de Juntos por La Falda Daniel Pino, Ricardo Agost y Javier Montes volvieron a votar en contra, en sintonía con el veto del Ejecutivo.

“Aunque no logramos instaurarlo, creo que en la campaña la gente va a tener muy claro cómo piensa cada uno de nosotros. Lamento el veto, más allá de que sea una razón técnica. Era oír y eligieron desoír”, señaló Sacco en uso de la palabra.

En tanto, y con un mensaje dirigido por elevación al Ejecutivo, Ochoa afirmó: “Esta ordenanza no es en contra de nadie, no tiene nombre y apellido. Es a favor del municipio y los vecinos. Si alguien se sintió atacado, no fue ese el espíritu. La democracia es así: cuando la minoría trae un proyecto que no impone trabas, ni hace mal a la Municipalidad o al pueblo, se considera. El veto es facultad del intendente y el Ejecutivo venía dando muchos gestos de austeridad, pero lamento que se haya perdido una oportunidad de sumar uno más”.

Por su parte, Agost advirtió que el debate del proyecto en el Concejo y en la opinión pública generó una «falsa moral», ya que se cuestionaron únicamente los gastos de representación del Ejecutivo de La Falda, mientras que en otros organismos, como la Comunidad Regional, se destinan montos superiores para cargos gerenciales.

Además, sin dar nombres, añadió que hay vecinos de la ciudad que se desempeñan como funcionarios y asesores en estamentos municipales, provinciales y nacionales que “reciben sus retribuciones de fondos públicos” y que “debería ser parte del debate”.

En este sentido, el concejal adelantó que presentará un proyecto de resolución para convocar a una mesa de debate junto a todos los funcionarios y asesores que residan en La Falda para trabajar de manera conjunta en “una alternativa que permita llevar adelante este esfuerzo común entre todos los que recibimos dinero de fondos públicos”.

“Estamos ante una falsa moral, donde se denosta a funcionarios que reciben una retribución extra por su labor, cuando en distintos espacios políticos existen funcionarios designados que perciben sumas de dinero superiores a las que estamos tratando en este momento: la Comunidad Regional, por ejemplo, destina 70 millones para puestos gerenciales y esas erogaciones también tienen que ser parte del debate”, afirmó.

Y completó: “Tenemos también vecinos de la ciudad que son funcionarios o asesores de distintos estamentos y que perciben sumas de dinero superiores a las que estamos discutiendo y que también provienen de fondos públicos”.

Los gastos de representación representan un 20% no remunerativo sobre el sueldo básico y se asignan para cubrir gastos vinculados al ejercicio del cargo. Según señaló Dieminger, representan unos 5 millones de pesos mensuales.

La sesión se llevó a cabo con la presencia de un grupo de vecinos/as, que tras el tratamiento de la Orden del Día se manifestaron en contra del veto.