A poco más de tres meses del femicidio de Agostina, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, su padre, Gabriel Vega, presenta este martes 1° de septiembre en la Legislatura provincial un proyecto que busca reforzar los mecanismos de protección de niños, niñas y adolescentes.
La iniciativa, denominada Ley Agostina, plantea la creación de un sistema integral destinado a prevenir, detectar y actuar rápidamente frente a situaciones de violencia, abuso, grooming, consumos problemáticos, desapariciones y otras circunstancias de riesgo.
La presentación está prevista para las 11.30 en la Legislatura de Córdoba. El proyecto contempla ocho ejes principales y una serie de medidas complementarias para coordinar la intervención de distintas áreas del Estado.
Los 8 puntos principales de la Ley Agostina
1. Sistema Integral Agostina. Propone un esquema provincial de prevención, alerta temprana, detección, intervención y protección de niños, niñas y adolescentes. El objetivo es actuar antes de que las situaciones de riesgo provoquen consecuencias irreversibles.
2. Alerta y detección temprana. Frente a indicadores serios de vulneración de derechos, deberán activarse mecanismos de evaluación e intervención de los organismos correspondientes.
3. Derecho a pedir ayuda. Los propios niños y adolescentes podrán comunicar situaciones de riesgo, propias o de terceros, solicitar asistencia y ser escuchados, teniendo en cuenta su edad y autonomía progresiva.
4. Línea Agostina 24/7. Se propone habilitar un canal gratuito, confidencial y permanente que pueda utilizarse mediante teléfono, mensajería, aplicaciones, web, chat y otras herramientas.
5. Programa Agostina en las escuelas. Contempla actividades de prevención y formación sobre grooming, abuso, trata, consumos, violencia, salud mental, autolesiones, riesgo suicida, seguridad digital y autoprotección.
6. Gabinetes Agostina. Estarán integrados por equipos interdisciplinarios destinados a brindar escucha, orientación, una primera evaluación, acompañamiento y derivación hacia los organismos correspondientes.
7. Protocolo de alerta y búsqueda. Uno de los puntos centrales establece la actuación inmediata ante la desaparición de menores, sin exigir el transcurso de una determinada cantidad de horas, junto con la coordinación de los organismos involucrados.
8. Registro de restricciones judiciales. El proyecto plantea crear un registro provincial de medidas que restrinjan el contacto con niños, niñas y adolescentes. Tendrá acceso limitado a autoridades habilitadas y deberá garantizar la protección de los datos.
Prevención también en escuelas y clubes
La iniciativa contempla además mecanismos específicos de detección dentro de establecimientos educativos. Se prevén protocolos frente al ausentismo reiterado, cambios importantes de conducta, posibles casos de violencia o abuso, autolesiones, grooming y consumos problemáticos.
En materia de consumos, se plantea una evaluación interdisciplinaria que permita determinar riesgos y brindar asistencia sin estigmatizar al niño o adolescente.
El proyecto también incorpora medidas para los procesos judiciales de familia, con mecanismos de comunicación de indicadores de riesgo y adopción de medidas de protección cuando corresponda.
Los clubes y entidades deportivas que trabajan con menores también quedarían alcanzados mediante protocolos específicos y la designación de referentes institucionales.
Coordinación entre diferentes áreas del Estado
Otro de los objetivos es evitar que una situación de riesgo quede atrapada entre distintas dependencias. Para eso se propone una articulación entre SENAF, Educación, Salud, Justicia, Ministerio Público Fiscal, municipios y otros organismos competentes.
Además, habrá mecanismos de evaluación y seguimiento mediante estadísticas anonimizadas, destinadas a conocer los resultados y realizar modificaciones cuando sean necesarias.
La implementación sería progresiva y buscaría aprovechar estructuras y recursos existentes para evitar duplicaciones.
Finalmente, la propuesta plantea una articulación con la Ley Lucio. Mientras esa normativa nacional apunta, entre otros aspectos, a fortalecer la capacitación y detección temprana de situaciones de violencia contra niños y adolescentes, la Ley Agostina pretende profundizar la organización de la respuesta estatal una vez detectado el riesgo.