VILLA CARLOS PAZ- Aunque parezca increíble y digno de un libro de ciencia ficción, en Villa Carlos Paz hoy fracasó por falta de documentación oficial la reunión de la Sala Acusadora del Concejo Deliberante convocada días atrás para tratar el pedido de juicio político contra el defensor del Pueblo, Víctor Curvino.
Los seis integrantes de la Sala asistieron pero argumentaron que no podían tratar el pedido del ciudadano Santiago Julia porque nunca llegó a sus manos el texto de la denuncia y los fundamentos de la solicitud de juicio político.
Vaya a saber porqué cuestión burocrática o política, la documentación de Juliá «desapareció», se perdió en algún cajón o se evaporó, pero nunca llegó a manos de los seis ediles.
Llama la atención esta situación, pero también sorprende que los integrantes de la Sala Acusadora (oficialistas y opositores) no buscaran la semana pasada por sus propios medios estos papeles en donde Juliá fundamentó el pedido de destitución contra Curvino.
Ante esta situación, la Sala Acusadora pasó a cuarto intermedio para el miércoles 2 de setiembre a las 12 horas con el fin de encontrar los documentos y poder interiorarse en profundidad sobre las causales legales que motivaron la solicitud de Juliá.
Debe recordarse que este último vecino se presentó ante la totalidad el Concejo de Representantes y expuso de manera oral el cuestionamiento contra el ombusdman. Luego amplió su posición con nuevos elementos técnicos.
La convocatoria a la fallida reunión de esta mñana fue realizada por el presidente de la Sala Acusadora, Leonardo Villalobos, quien también tiene bajo su responsabilidad la conducción de esta etapa del procedimiento.
La Sala Acusadora está integrada por Leonardo Villalobos, Claudio Bocchetti, Raquel Merlino y Marcela Bosch, del bloque oficialista de Carlos Paz Unido; y Daniel Ribetti y Pía Felpeto, de Juntos por Carlos Paz.
Juliá presentó el primer pedido contra Curvino el 14 de agosto y posteriormente, el 21 de agosto, amplió la denuncia incorporando documentación sobre distintas intervenciones públicas del defensor correspondientes al período comprendido entre 2023 y 2026.
Los cuestionamientos buscan determinar si esas conductas resultan compatibles con las condiciones de independencia e imparcialidad exigidas al titular de la Defensoría. Se trata de acusaciones formuladas por Juliá que todavía deben atravesar el procedimiento institucional correspondiente y sobre las cuales no existe hasta el momento una resolución de la Sala.
Foto: Santiago Julia, denunciante contra el defensor del Pueblo Víctor Curvino
Datos Gentileza Diario La Jornada Web