La Comunidad Indígena Tulián, con personería jurídica reconocida por el INAI bajo el número 064, emitió un comunicado urgente en el que convoca a profesionales del derecho, la historia, la antropología y la investigación especializada en derechos indígenas y ambiente. El objetivo es sumar aportes para la elaboración de un Amicus Curiae que sea incorporado al expediente del Amparo Ambiental Colectivo que cuestiona las obras del Perilago del Dique Cruz del Eje, en la provincia de Córdoba. La medida responde a la proximidad de una instancia clave en el proceso judicial.

En el comunicado, la comunidad señala que la discusión no puede limitarse al impacto ambiental de una obra determinada. “Se encuentra en juego la relación entre territorio, identidad, memoria, patrimonio, derechos indígenas y modelo de desarrollo”, advierten, en referencia al conjunto de intervenciones proyectadas y ejecutadas en esa zona. Entre ellas mencionan la construcción de un hotel cinco estrellas con casino sobre un sitio sagrado, el asfaltado de un posible tramo de la Autovía de Montaña, una cantera de áridos y un parque fotovoltaico de once hectáreas, entre otros emprendimientos asociados.

Desde la comunidad explicaron que el amparo ambiental está próximo a ingresar en una etapa decisiva y que disponen de muy pocos días para incorporar este escrito al expediente. Además, remarcaron que un fallo desfavorable implicaría “la posibilidad cierta de entrega de más de 30 sitios arqueológicos/sagrados para la extracción minera, la desaparición de especies y sus hábitats”. Ese escenario agrega urgencia a la convocatoria, que busca reunir fundamentos jurídicos, históricos, antropológicos y documentales que robustezcan la defensa territorial.

Los temas que buscan abordar con los aportes profesionales incluyen la relación histórica, cultural y espiritual de las comunidades con sus territorios ancestrales; el reconocimiento constitucional de los derechos indígenas y su aplicación al caso; el derecho a la consulta previa, libre e informada frente a decisiones estatales; el respeto a las instituciones y formas propias de organización; y la protección del patrimonio arqueológico, cultural y espiritual asociado al territorio. También plantean la necesidad de considerar la dimensión histórica y territorial en la evaluación de proyectos que generan transformaciones permanentes sobre el hábitat ancestral.

El comunicado difundido recuerda que el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y garantiza su participación en la gestión de los recursos naturales y demás intereses que los afecten. Asimismo, mencionan que el Convenio 169 de la OIT, incorporado a la legislación argentina mediante la ley 24.071, establece la obligación del Estado de consultar a los pueblos interesados a través de procedimientos apropiados y de sus instituciones representativas, cuando se prevean medidas que puedan afectarlos directamente.

Finalmente, la comunidad aclara que no es obligatorio residir en la provincia de Córdoba para colaborar, y que la participación puede concretarse mediante aportes documentales, elaboración conjunta o colaboración en la redacción del escrito, según las posibilidades de cada persona. También invitan a otras formas de apoyo, como la difusión o el envío de adhesiones.

Compartimos el formulario para responder a esta convocatoria:
https://forms.gle/yMqtiaZchNAe6K6n9