En un juicio abreviado, realizado en el mes de mayo, Bracamonte reconoció los hechos por los que estaba acusado y fue condenado a 13 años y 10 meses de prisión. La sentencia fue de cumplimiento efectivo e inmediato y el excomisario fue trasladado al penal de Bouwer, donde permanece alojado en un pabellón especial destinado para miembros de las fuerzas de seguridad de Córdoba.
La Cámara Criminal y Correccional de Cruz del Eje, lo condenó por los cargos de abuso sexual gravemente ultrajante y promoción de la corrupción sexual, además de amenazas agravadas y desobediencia a la autoridad judicial cometidas en el ámbito privado.
La causa tuvo su origen en 2024, cuando Bracamonte fue detenido a raíz de una denuncia por violencia de género. La investigación avanzó y derivó en imputaciones más graves vinculadas a abusos sexuales reiterados. Finalmente, el exjefe policial admitió los delitos y evitó la realización del juicio oral.
Karina Lucero, integrante del Centro de Protección de La Falda (CeProFa), explica que la sentencia permite dimensionar algo más profundo que la responsabilidad individual del excomisario:
“Con Bracamonte condenado por graves hechos no sólo podemos representar quiénes eran los que buscaban personas desaparecidas, sino quiénes investigaban las causas en Punilla”, advierte y considera que la condena vuelve a evidenciar que estos casos no constituyen hechos excepcionales.
“No estamos hablando de una manzana podrida. Lo que expresa esta situación es que la violencia está impartida en el sistema institucional policial, que todavía no modifica las estructuras machistas y de abuso de poder que ejerce sobre la ciudadanía y sobre todos los sectores vulnerables”.
Karina recuerda que el Tribunal de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad, puesto en funcionamiento el 28 de diciembre de 2021, difundió durante los primeros meses de 2022 un informe trimestral que registró más de cien policías sancionados en apenas noventa días: “Era más de un policía sancionado por día”.
El caso Bracamonte también dejó al descubierto numerosos episodios silenciados de violencia institucional. “Apenas se conoció la situación del exjefe de la Departamental Norte, realmente me impactó la cantidad de personas que comenzaron a comentar en las redes sociales situaciones de violencia institucional que habían vivido y que por temor nunca habían denunciado”.
El antecedente de Jonathan Romo y Cecilia Basaldúa
La figura de Bracamonte ya había quedado asociada a un grave caso de violencia institucional en Córdoba. En julio de 2022, Jonathan Romo murió luego de haber sido golpeado y asfixiado por efectivos policiales en la comisaría de La Falda. El hecho provocó una fuerte conmoción y derivó en el retiro obligatorio de Bracamonte dispuesto por el Ministerio de Seguridad. Aquel hecho marcó un punto de inflexión que terminó abriendo la posibilidad de otras denuncias.
“La situación más álgida fue la muerte de Jonathan Romo. Ese hecho, que terminó con Bracamonte apartado de la institución, fue el desencadenante que le permitió a la víctima de esta causa, después de un largo proceso, poder denunciar y llegar finalmente a esta condena”, explica Karina.
“Son como eslabones. Muchas veces las víctimas no se animan a denunciar mientras el personal policial sigue teniendo poder dentro de la institución. Cuando quedan en situación pasiva o son apartados, aparecen las condiciones para romper el silencio”, agrega.
Dos años antes, Bracamonte había estado al frente del operativo de búsqueda de Cecilia Gisela Basaldúa, la joven de 36 años que fue hallada asesinada el 25 de abril de 2020 en Capilla del Monte. Seis años después, su femicidio continúa impune.
La investigación inicial estuvo rodeada de cuestionamientos y llegó incluso a sentar en el banquillo a un inocente, que finalmente fue absuelto. Mientras tanto, distintos integrantes del equipo que participaron de aquella pesquisa terminaron involucrados en causas por violencia de género, abuso y otras irregularidades.
Entre ellos se encuentra Adrián Luquez, exsubcomisario, quien fue detenido por amenazas con armas de fuego contra su pareja. Actualmente se encuentra en libertad y reside en San Luis. También Ariel Zárate, ex subcomisario de la Brigada de Investigaciones de la Departamental Punilla Norte, quien permaneció detenido por violencia de género. A ellos se suma Diego Concha, exdirector de Defensa Civil y uno de los responsables del operativo de búsqueda de Basaldúa, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Luana Ludueña.
En la segunda investigación por el asesinato de Cecilia Basaldúa también fueron imputados el comisario de Capilla del Monte, René Lambir, y el policía Gerardo López por irregularidades vinculadas a la falta de notificación a testigos.
“Con Bracamonte cae todo el equipo de investigación del atroz femicidio de Cecilia Basaldúa. Parte de quienes supuestamente la buscaban con vida hoy están condenados por abuso sexual y violencia de género. Fue el mismo equipo que le permitió al responsable o los responsables salir impunes. Fue también el mismo equipo que intentó condenar a un inocente”, señala Karina.
“No estamos seguras”
Las distintas denuncias contra integrantes de las fuerzas de seguridad no sólo se relacionan con hechos cometidos en el ámbito laboral. “Todos tienen causas por violencia de género o delitos sexuales. Son violencias que no solamente ejercieron en sus trabajos, sino también en sus propios hogares”, señala Karina Lucero y recuerda el caso de una mujer de San Francisco del Chañar que denunció haber sufrido abusos de autoridad por parte de un grupo de policías en una comisaría:
“La amenazaron por denunciar y tuvo que irse a vivir a otra localidad. Con Bracamonte también queda claro que no estamos seguras. Y no sabemos hasta cuándo seguiremos en esta situación”, expresó.
En medio de esta trama de violencia y silencios, Karina rescata que hayan sido mujeres las que dieron el puntapié inicial para cada una de las causas, “jugándose con una denuncia que puede costar la vida. Ellas no sólo denunciaron a un violento, expusieron a la institución en su versión más terrible”.