La Cámara Contenciosa Administrativa rechazó el intento del grupo desarrollista «Miralejos» de tumbar la Ordenanza Nº 7001, que puso un freno a la construcción de nuevas torres de departamentos en el centro de Villa Carlos Paz. La justicia respaldó la potestad de la Municipalidad para planificar su ejido urbano y se mantiene vigente la suspensión de nuevas construcciones habitacionales colectivas en el área céntrica.

La normativa apunta a una baja densidad edilicia, el resguardo de los servicios públicos y la identidad de los barrios frente a la especulación inmobiliaria sin control.

«El 14 de mayo, la Cámara Contencioso Administrativa de 1° Nominación de Córdoba ha rechazado claramente una pretensión de este sector empresarial y administrativo de ir contra la ordenanza que suspendía los nuevos edificios en el centro de la ciudad. Esta norma solo permite edificaciones destinadas exclusivamente a infraestructura turística (hoteles), salud, educación e instituciones y esta suspensión ha quedado muy firme a través de esta resolución de la justicia. Esto marca claramente la la mirada de respeto y y de construcción colectiva que tiene nuestra ciudad ante el marco legal, y que nosotros también defendemos con mucha firmeza. Esta resolución nos da confianza para seguir avanzando con determinación en la construcción colectiva para defender nuestro futuro»; destacó el intendente Esteban Avilés, que hoy encabezó una conferencia de prensa para denunciar a los desarrollistas por presuntas «amenazas» y «aprietes» contra funcionarios públicos.

La Ordenanza Nº 7001, sancionada originalmente en agosto de 2023, se convirtió en la principal herramienta de la gestión local para blindar el ejido urbano frente al avance desmedido del superdesarrollismo. Al quedar firme tras el rechazo de la Cámara Contencioso Administrativa, la normativa asegura que el casco céntrico de la Villa no sufra un colapso en su infraestructura de servicios públicos, un reclamo histórico de las instituciones y vecinos de la ciudad.

La denuncia por «aprietes» y hostigamiento

El blindaje judicial a la ordenanza es apenas una de las caras de una pulseada que escaló a niveles inéditos. En la misma conferencia de prensa, Avilés confirmó que el municipio decidió ir a fondo y radicar una denuncia e investigación judicial contra el directorio de las empresas CONEASA y Agroproyectos S.A. (las firmas detrás de la marca de fantasía Miralejos).

Los cargos presentados por el Ejecutivo local son graves: «hostigamiento administrativo» y «abuso del derecho». Según explicaron desde el entorno del intendente, las empresas habrían llevado adelante una estrategia de «amedrentamiento permanente» que incluyó amenazas de demandas millonarias por supuestos daños y perjuicios hacia los funcionarios que ejercen tareas de control. El objetivo, aseguran, era quebrar el brazo regulador del Estado local para forzar excepciones a las reglas de edificación.

Alquileres clandestinos: el golpe al negocio

Lejos de limitarse a la discusión de planos y cemento, la ofensiva comunitaria avanzó también sobre la pata comercial de las firmas desarrollistas. Mediante un operativo coordinado por el Departamento de Sostenibilidad, Inversión y Seguridad Turística (VCP), junto a las cámaras intermedias del turismo local, se desplegaron masivas inspecciones en las torres ya construidas.

Como resultado de estos controles, las autoridades labraron numerosas actas de constatación tras detectar una aceitada red de alquileres temporarios irregulares. Los departamentos eran ofrecidos y coordinados de manera clandestina, operando por fuera del Registro Municipal obligatorio y generando una competencia desleal para el sector hotelero formal.