La Sala Acusadora del Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz desestimó el pedido de juicio político contra el Defensor del Pueblo, Víctor Curvino. La presentación había sido formalizada por el dirigente opositor Santiago Juliá y fue rechazada por cuatro votos contra dos.
La resolución se adoptó tras un cuarto intermedio dispuesto al comienzo de la semana, clave para que los seis ediles que integran la sala recibieran los expedientes y la documentación probatoria aportada para el análisis del caso.
Votación dividida y posturas enfrentadas
La definición reflejó una clara división partidaria en el seno del cuerpo legislativo:
Por la inadmisibilidad (4 votos): Los concejales Leonardo Villalobos, Raquel Merlino, Claudio Bocchetti y Marcela Bosch, pertenecientes al bloque oficialista Carlos Paz Unido, rechazaron el avance de la causa. Fundamentaron que las intervenciones públicas cuestionadas están resguardadas por el «derecho a la libertad de expresión», que los hechos no representan un «incumplimiento de funciones» y advirtieron sobre el peligro de «judicializar banalidades».
Por la admisibilidad (2 votos): Los ediles de la oposición, Daniel Ribetti y Pía Felpeto (Juntos por Carlos Paz), votaron a favor de abrir la investigación. Sostuvieron que las conductas de Curvino excedían la libertad de opinión y que incurrió en actividades «de perfil político-partidario incompatibles» con la independencia e imparcialidad del cargo.
La denuncia de Juliá había sido radicada formalmente el 14 de agosto y posteriormente ampliada el 21 del mismo mes. En su presentación, el denunciante compiló intervenciones y declaraciones públicas del funcionario comprendidas entre los períodos 2023 y 2026, solicitando examinar si contradecían el marco normativo de la Defensoría del Pueblo.
Al no superar el filtro inicial de admisibilidad, el planteo quedó definitivamente archivado en sede parlamentaria, concluyendo la vía del juicio político contra el ombudsman carlospacense.