Tres gigantes mundiales de servicios y tecnología para la industria petrolera marcaron distancia de los proyectos de explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas, pocos días después de que el Gobierno nacional endureciera los mecanismos para investigar y sancionar a compañías involucradas en actividades que no cuenten con autorización argentina.
Se trata de SLB, Baker Hughes y Halliburton, que comunicaron que no participan ni tienen previsto intervenir en proyectos hidrocarburíferos en las islas o en los espacios marítimos circundantes.
Los pronunciamientos representan una de las primeras repercusiones empresariales luego de la publicación del Decreto 868/2026, firmado por el presidente Javier Milei.
Las tres compañías tienen además una importante presencia en el mercado energético argentino y particularmente en el desarrollo de Vaca Muerta.
Qué dijeron SLB, Baker Hughes y Halliburton
SLB, anteriormente conocida como Schlumberger, indicó que no participa ni tiene previsto participar en licitaciones destinadas a prestar servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas.
La compañía vinculó expresamente su posición con el Decreto 868/2026 y ratificó su compromiso con el cumplimiento de la normativa vigente en la Argentina.
Baker Hughes Argentina adoptó una posición similar. La multinacional señaló que tampoco participa ni proyecta participar de licitaciones relacionadas con emprendimientos petroleros en Malvinas y sus espacios marítimos e insulares circundantes.
La empresa recordó además su extensa presencia en el mercado energético argentino y reafirmó su intención de continuar desarrollando actividades en el país.
Por su parte, Halliburton aseguró que respeta la soberanía de la República Argentina y aclaró que no participa del proyecto Sea Lion ni de otras actividades de exploración o producción vinculadas con las Islas Malvinas.
La firma estadounidense sostuvo además que sus operaciones en el país se desarrollan bajo las leyes y regulaciones argentinas.
Qué es Sea Lion y por qué está en el centro de la disputa
Las tres compañías que realizaron los anuncios no forman parte actualmente de Sea Lion, el proyecto petrolero que quedó en el centro de la nueva ofensiva del Gobierno argentino.
El yacimiento está ubicado en la cuenca norte de las Islas Malvinas y es desarrollado por Navitas Petroleum, que posee el 65% del proyecto, y la británica Rockhopper Exploration, con el 35% restante.
El proyecto dio un paso decisivo en diciembre de 2025, cuando ambas compañías adoptaron la decisión final de inversión para desarrollar su primera fase.
El plan inicial contempla 11 pozos submarinos conectados a una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga de petróleo. La primera producción está proyectada para el primer semestre de 2028, con una capacidad máxima prevista cercana a los 50.000 barriles diarios durante esta etapa.
Las compañías estimaron inicialmente una necesidad de financiamiento de alrededor de US$1.800 millones hasta alcanzar la primera producción y de US$2.100 millones hasta completar el proyecto de la primera fase.
Además, durante 2026 comenzaron a estudiarse alternativas para acelerar futuras etapas del desarrollo, que podrían incrementar considerablemente la capacidad de producción.
El Gobierno endureció los controles por Malvinas
La reacción de las compañías llegó después de la entrada en vigencia del Decreto 868/2026, publicado el viernes 4 de septiembre en el Boletín Oficial.
La norma designó al Ministerio de Relaciones Exteriores como autoridad de aplicación de la Ley 26.659, que establece restricciones y sanciones para las actividades hidrocarburíferas desarrolladas sin autorización argentina en la plataforma continental.
El decreto busca acelerar los procedimientos administrativos y establece que los presuntos infractores tendrán 10 días hábiles administrativos para presentar su descargo.
También obliga a organismos y entidades de la Administración Pública Nacional a informar sobre hechos que puedan constituir una infracción a la normativa.
Las disposiciones abarcan las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.
Cancillería abrió procedimientos contra 45 personas y empresas
Como parte de esta estrategia, el Gobierno informó que la Cancillería inició procedimientos sancionatorios contra 45 sujetos, entre personas humanas y jurídicas, por su presunta vinculación con actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en Malvinas.
El alcance de las investigaciones constituye uno de los puntos centrales de las nuevas medidas.
El Ejecutivo anticipó que los procedimientos no se limitarán exclusivamente a las compañías que exploten directamente los recursos, sino que también podrán alcanzar a accionistas y empresas que les presten servicios para desarrollar esas actividades.
El Gobierno sostiene que las tareas hidrocarburíferas realizadas sin autorización argentina vulneran la legislación nacional y los derechos soberanos que reclama el país sobre el archipiélago y sus espacios marítimos.
YPF celebró la decisión de las tres compañías
Tras conocerse los comunicados, YPF destacó públicamente la postura de SLB, Halliburton y Baker Hughes, empresas que mantienen una importante actividad dentro del sector energético argentino.
La petrolera argentina consideró que el hecho de que estas compañías mantengan sus inversiones y operaciones en el país constituye una señal favorable para el desarrollo energético nacional.
La decisión adquiere especial relevancia porque las tres firmas son proveedores internacionales de tecnología y servicios indispensables para proyectos petroleros de gran escala.
Por ahora, sin embargo, Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration mantienen sus planes para Sea Lion, pese a las medidas anunciadas por la Argentina.
El proyecto petrolero se convirtió así en uno de los nuevos focos de la histórica disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes.