A 11 años del primer grito colectivo de Ni Una Menos dos adolescentes, dos femicidios conmocionan al país y vuelven a exponer una realidad urgente. Agostina Vega, de 14 años, en Córdoba, y Dulce Candia, de 17, en el Dorado, Misiones, fueron buscadas durante días por sus familias, amistades y comunidades. Ambas aparecieron sin vida.
El 2026 venía con un clima que solapaba la violencia machista, poniendo en escena la instalación de falsas denuncias, entrevistas en canales de streaming donde se consagraba al varón y al humor machista, micromachismos que celebran la cosificación de la mujer y la misgonia. Pero la violencia extrema regresa a la escena mediática y a la esfera política, como una expresión histórica de una problemática social que requiere respuestas urgentes, políticas públicas sostenidas y una sociedad que no naturalice ninguna ausencia.
Desde aquel 3 de junio de 2015 hasta el 2026, el observatorio “Ahora que si nos ven”, registró al menos 3205 víctimas letales de violencia de género en Argentina: 3144 femicidios, 46 transfemicidios y travesticidios y 15 instigaciones a suicidio. En 11 años hubo 1 femicidio cada 31 horas. El 85% de los femicidas pertenecían al círculo íntimo de la víctima y el 63% ocurrió en la vivienda de la víctima o compartida con el agresor. Al menos 2714 niñeces quedaron huerfánas. El 17 % de las víctimas había realizado denuncias previas, y el 10% contaba con medidas de protección.
Mientras que según los datos del observatorio de La Casa del Encuentro, entre enero y mayo de 2026, se consumaron 104 femicidios en Argentina, en un contexto de ajuste, desmantelamiento de programas de prevención y acompañamiento, y la ausencia de medidas integrales por parte del Estado para erradicar la violencia de género. El recorte de las políticas públicas llega al 89%, una destrucción total.
Córdoba: la trama de la impunidad y el encubrimiento
En la provincia de Córdoba, la inacción y complicidad judicial, puso en evidencia las redes de protección política. Claudio Barrelier, de 33 años, acusado por el femicidio de Agostina, era empleado municipal de la ciudad de Córdoba, a pesar de que en el 2025, había sido imputado por privación ilegítima de la libertad por secuestrar a su ex pareja, pero fue liberado bajo fianza. Hoy quedó expuesto su vínculo con dirigentes políticos y concejales. Mientras la bochornosa conferencia de prensa del fiscal Garzón, puso en evidencia aún más el funcionamiento de una justicia que podría haber evitado este femicidio.
Durante el día lunes 1 de junio, la Asamblea Ni una Menos Córdoba, presentó ante la legislatura cordobesa el pedido de jury de enjuiciamiento al fiscal Raúl Garzón, responsable por la investigación de Agostina Vega y el pedido formal de destitución del Ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros por la flagrante violación de procedimientos legales en la desaparición y posterior femicidio de Agostina. Quinteros fue referente en la capital provincial de Encuentro Vecinal, el partido liderado por Aurelio García Elorrio, una fuerza política conservadora y con una marcada agenda antifeminista. García Elorrio, además, fue el abogado de la asociación Portal de Belén en la presentación judicial que logró suspender durante años la aplicación de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), antes de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
La denuncia presentada ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Córdoba, fue promovida por la legisladora del Frente de Izquierda (FITU) Noelia Agüero y lleva la firma de distintas representantes políticas que participan en la Asamblea Ni Una Menos de Córdoba.
Entre otras cosas, el funcionario judicial es cuestionado por «no activar los protocolos de búsqueda» y «demorar injustificadamente la adopción de medidas investigativas respecto del principal sospechoso Claudio Barrelier»; y la “actuación pública posterior, que reveló una actitud defensiva respecto del accionar policial y gubernamental, incompatible con la obligación de objetividad e independencia del Ministerio Público Fiscal”.
Soledad Díaz García, abogada, ex legisladora del Frente de Izquierda en Córdoba,explicó que por todo esto califican al femicidio de Agostina, como “un crimen del poder político” y resaltó que no es un hecho aislado, “es necesario no quedarnos con el último eslabón que vincula a los delitos contra las mujeres y nuestras niñas. Tenemos que ir a fondo con los señalamientos de las responsabilidades políticas para que nunca más vuelva a ocurrir”.
En los últimos días han transcendido las conexiones políticas de Claudio Barrelier con distintos sectores del poder cordobés. Ricardo Moreno, actual concejal oficialista y referente de las 62 Organizaciones Peronistas, es señalado como el principal padrino político de Barrelier. Moreno facilitó su ingreso a la Municipalidad de Córdoba y también lo representó legalmente en la causa por privación ilegítima de la libertad iniciada en 2025. Dicha causa, que incluía testigos que aseguraban haber asistido a la víctima cuando escapó semidesnuda y maniatada de la vivienda de Barrelier, estuvo a cargo del fiscal Iván Rodríguez, quien ordenó la excarcelación porque no encontró peligrosidad procesual.
Las 62 Organizaciones peronistas tuvieron su versión en Punilla, con el armado en junio de 2025, divulgado por el ex comunicador Ariel Luna, quien manejaba un sitio llamado infocordobaok, donde entre otras cosas publicaba información sobre Ricardo Moreno. Luna fue condenado en septiembre del año 2025 por abuso sexual con acceso carnal, a una adolescente de 17 años.
Por otra parte, la defensa de Barrelier en la causa por la muerte de Agostina estuvo inicialmente a cargo de Jorge Sánchez del Bianco, quien renunció pocas horas antes del hallazgo del cuerpo. Sánchez del Bianco mantiene además vínculos familiares con Moreno: es su yerno y pareja de Carla Moreno, directora de la Secretaría de Articulación Territorial del Ministerio de Cooperativas y Mutuales de la Provincia de Córdoba.
El mito de las falsas denuncias
En medio de un contexto de creciente hostilidad hacia los feminismos, el proyecto de la senadora nacional, Carolina Losada, que pretende penalizar a las mujeres por supuestas falsas denuncias, es una forma clara de distracción entre el maltrato y la desprotección hecha política pública hacia mujeres, niñeces y disidencias.
Para muestras sobra un botón. En un relevamiento federal realizado por el Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos Fiscales se analizaron más de 8 millones de causas penales registradas entre 2023 y 2025 en 17 jurisdicciones del país y concluyeron que las falsas denuncias representan el 0,09%. El informe asevera que no hay evidencia de falsas denuncias generalizadas que justifiquen una reforma penal.
Ver informe: https://amja.org.ar/relevamientofalsasdenuncias/
¿Hace falta siempre poner los nombres de tantas niñeces y mujeres que perdieron su vida porque las denuncias fueron desestimadas en un primer momento? Sin ir más lejos, en el caso de Agostina, la policía tardó 24 horas en tomar la denuncia a la mamá y no se activó de inmediato la alerta Sofía. ¿Todavía hay que escuchar a fiscales como Garzón que dicen que “se podría haber ido con un amiguito”?. Otro ejemplo reciente en la provincia, es el caso de Delicia Mamani, desaparecida en noviembre del 2025 en la ciudad de Córdoba, cuyos familiares fueron escuchados a los 8 días de su desaparición para que finalmente les tomaran la denuncia. Fue recién durante la semana pasada, cuando se logró que la causa pase al fuero federal por el delito de trata.
El tiempo es una cuenta regresiva que se lleva cada vez más vidas. Las responsabilidades están a la vista y el encubrimiento es la forma de operar de la justicia y el poder político. Los mecanismos de distracción pretenden poner al movimiento feminista en la mira de los males, incluso con intentos como la eliminación de la figura de femicidio en el Código Penal argentino, cuando eliminarla no significaría que todas las vidas valgan lo mismo, -como dicen desde el gobierno nacional- implicaría convalidar que la vida de las mujeres valga menos. La incorporación del femicidio como agravante en el artículo 80 del Código Penal argentino mediante la Ley 26.791, respondió a la necesidad de reconocer y sancionar la forma más extrema de violencia de género, cuya tipificación se fundamenta en la evidencia empírica que demuestra que las mujeres son asesinadas en contextos específicos de violencia basada en relaciones de poder desiguales.
Cada año, la evidencia empírica crece y las formas de la crueldad hacia el asesinato de mujeres, trans, travestis y niñeces, se recrudece.
11 años y un grito cada vez más urgente
El Ni una Menos fue una bisagra en el tratamiento mediático, en la sanción de leyes, en las formas de vincularse, en la violencia normalizada por este sistema, reproducida por instituciones y generaciones a través de mandatos, que estallaron en las calles hastiadas de tanta violencia. Se dijo basta a ese “algo habrán hecho”, que indagaba a la víctima y su entorno, y no en su femicida. Se dijo basta al crimen pasional y los discursos mediáticos que legitimaban el odio. Las calles se llenaron y nombraron esa violencia, ese dolor.
El 3 de junio quedaría marcado en el calendario feminista para siempre. Un día que recuerda a todas las que faltan y las deudas del Estado ante el flagelo de la violencia que continúa. El origen de esta fecha, contrae una ruptura que se presenta en la sociedad como el “No nos callamos más”, una ventana que permitió visibilizar en la esfera pública que estos crímenes y la violencia hacia las mujeres y otras identidades es por la condición de género, que implica una aceptación cultural, una normalización de ese estado de las cosas.
Mientras los discursos de odio proliferan, los cuerpos desmembrados de mujeres y niñas continúan siendo el desecho de una sociedad que a pesar del horror, continúa convalidando el negacionismo de estas violencias por motivo de género, que plantea que no existe una desigualdad estructural sexo genérico. Argumentos que se traducen en el recorte abrupto de presupuesto y la deslegitimación de leyes vinculada a la prevención, la identidad, el acompañamiento y el sostén económico para sobrevivientes e hijxs de madres víctimas de femicidios.
La misogonia extendida en los fríos números de las estadísticas de femicidios desbordan.
Son la organización y la red entre los familiares de víctimas y sobrevivientes, las que permiten poner en el escenario público una realidad solapada, fragmentada, que sigue obedeciendo a etiquetas como: crímenes pasionales, mientras se indaga hasta el hartazgo en la vida privada de las víctimas para buscar los por qué de su propia muerte.
El 2015 fue un grito colectivo global que irrumpió contra todos esos estereotipos acumulados, no sólo socialmente, sino en otras esferas de poder e instituciones reproductoras del patriarcado como la justicia, la escuela, la iglesia, los medios de comunicación y el mismo Estado. Hoy las convocatorias proliferan en medio de ese hartazgo y la bronca ante tanta violencia.
En Capilla del Monte, el Movimiento Plurinacional disidente y feminista convoca para este miércoles 3 de junio un encuentro en el Jardín de la Memoria de la Plaza San Martín, a las 16hs. La convocatoria es salir a las calles y manifestarse contra toda las violencias. Se propone restaurar el banco rojo, en memoria de todas las víctimas de femicidio. “Vivas, libres y sin miedo. Justicia por todas las que nos faltan y por Cecilia Basaldúa, no olvidamos que en Capilla del Monte sus femicidas están sueltos”, advierten desde el Movimiento Plurinacional disidente y feminista.
