El Juzgado Federal N°3 de Córdoba notificó al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, que debe cumplir con la sentencia del juez federal Hugo Vaca Narvaja, que ordena a INCLUIR Salud y PAMI regularizar pagos y cubrir las prestaciones para el colectivo de discapacidad, poniendo en marcha la Ley de Emergencia en la materia.

Días atrás, ese Juzgado Federal emitió la sentencia de primera instancia, donde se ordena el cumplimiento de la ley y el pago a los prestadores, de acuerdo a la acción de amparo colectiva promovida por la abogada Marta Lastra, referente de Defendamos Córdoba para la temática. La notificación a Lugones es la formalidad para que empiecen a correr los plazos de implementación de la sentencia.

En diálogo con CDM Noticias, la abogada explicó que esta resolución busca que se pongan al día con las prestaciones que necesitan las personas que tienen pensiones no contributivas. «Tenemos prestaciones que se adeudan del mes de diciembre del año pasado. Hoy con sentencia, ya en julio, aún siguen debiendo. Uno de los grandes problemas es que el nomenclador no actualizó el monto de las prestaciones. Si a esto le sumamos la falta de pago porque se demoraron o en algunos casos dejaron de pagar, eso hace mucho más complicado el tema para las instituciones que prestan el servicio. Y las prestaciones se siguen cumpliendo. Entonces, las instituciones de hogarización tienen un grave problema, porque cargan sobre sus espaldas la deuda del gobierno.»

«Estamos pidiendo que se activen las instituciones de la república para sostener y proteger a este sector de la sociedad que está en extrema desventaja. Pobreza y discapacidad es la peor combinación.»

La abogada e integrante del espacio Defendamos Córdoba remarcó que «es muy triste no escuchar a ningún gobierno provincial atacar esto más allá de las palabras.»Necesitamos que los gobiernos provinciales realicen acciones concretas porque si estas instituciones dejan de existir las personas con discapacidad van a tener que ir directamente sector público que no está preparado para hogarizar a alguien.¿Vamos a esperar que nos explote la bomba en la mano?»

Escuchá la entrevista:

Lastra valoró algunas acciones del Gobierno Provincial, señalando que es el único del país que tomó acciones pero remarcó que es necestario que el abordaje incluya también a las personas con discapacidad con una perspectiva en derecho como lo marca la convención de los derechos de las personas con discapacidad. «Debe marcarse a esa manera, con dignidad, con estableciendo los criterios de equidad. Yo agradezco porque es uno de los pocos de los pocos gobiernos provinciales que que contempla a la discapacidad pero voy a ser crítica pero voy a hacer crítica como como he sido siempre: no deben ser objeto de política de dádivas. La perspectiva debe ser en derechos, como todos»

Precisamente, la letrada especificó sobre la notificación: “Esto significa que PAMI e INCLUIR Salud, ambos bajo la órbita del Ministerio que conduce Lugones, deben pagar a los prestadores, a las instituciones prestadoras como hogares, centros de día, escuelas especiales, a las farmacias que vienen entregando medicamentos y pañales”.

Lastra responsabilizó también a todos los que votaron la ley bases porque- señaló, que este tipo de acciones están en cierta manera validadas por esa ley que quita derechos «Se está siguiendo la línea de todo lo habilitado por los superpoderes que le votaron muchos diputados, muchos senadores. Y hoy por hoy lamentable la decisión de esa política económica asumida por Milei no es contemplar a la discapacidad sino directamente atacarla atacarla»

Sobre la sentencia

La sentencia ordena la regularización de los pagos a entidades prestadoras, que tanto PAMI como INCLUIR Salud no vienen realizando desde el mes de diciembre.

El fallo emitido el pasado 23 de junio ordenó “hacer lugar a la acción interpuesta, con efecto expansivo a todo el colectivo (…) y en consecuencia ordenar a las demandadas (…) procedan a arbitrar los medios conducentes a fin de regularizar los pagos de las prestaciones previstas en la ley 24.901 brindadas al colectivo de autos, debiendo a tal fin cancelar en el plazo indicado las facturas pendientes de pago al día de la fecha y abstenerse de incurrir en demoras respecto a las sucesivas facturaciones que en tal concepto se devenguen”.

Es importante subrayar que, en caso de que el Gobierno nacional continúe sin cumplir la sentencia, puede considerarse delito de desobediencia, con más las consecuencias civiles por daños y perjuicios que pudieran ocasionar.