La onda expansiva de la causa judicial que investiga una presunta defraudación millonaria al PAMI en Río Cuarto impactó de lleno en la Legislatura de Córdoba. Tras conocerse la imputación de Marcos Carasso, actual vocal del Tribunal de Cuentas de la Provincia, ingresó un pedido formal para que el dirigente radical sea apartado de manera preventiva.

La iniciativa fue presentada por la legisladora provincial Karina Bruno, quien consideró que la gravedad de la acusación penal y los recientes operativos judiciales hacen incompatible la continuidad de Carasso en una de las cajas de control más sensibles del Estado cordobés. «Pedí que hasta tanto se aclare la situación de Marcos Carasso, él no debería estar cumpliendo funciones en el Tribunal de Cuentas»; afirmó la parlamentaria villamariense en diálogo con Arriba Córdoba.

El misterio de los allanamientos en el Tribunal

El avance de la causa, que se encuentra bajo estricto secreto de sumario, incluyó procedimientos de la Gendarmería Nacional tanto en domicilios particulares como en las oficinas que el propio Tribunal de Cuentas posee en la capital provincial. Para Bruno, el escenario es de extrema gravedad institucional: «No solo por lo que sucedió con los allanamientos dentro del tribunal, sino porque hay una imputación concreta y además involucraría delitos en perjuicio del PAMI por una suma millonaria».

La legisladora también apuntó contra las máximas autoridades del organismo de control, exigiéndoles que rompan el silencio sobre lo ocurrido puertas adentro. «Nos preocupa porque, más allá de que esto involucra a un actual personal de Carasso, llama la atención por qué hubo que allanar oficinas donde se cumplen funciones dentro del Tribunal de Cuentas. Ahí falta una respuesta de los superiores, ellos deberían explicar qué pasó ahí adentro»; interpeló en declaraciones televisivas.

Presión en bloque y pedido de informes

El planteo de corrimiento preventivo no es el único frente que se le abre al ex intendente de General Cabrera. En paralelo, el bloque oficialista de Hacemos Unidos por Córdoba, presidido por Facundo Torres Lima, impulsó un pedido de informes para que la Justicia y el propio Tribunal detallen el alcance de los operativos federales ejecutados la semana pasada.