La Legislatura de Córdoba aprobó este miércoles por unanimidad la Ley Provincial Antibúnker y Antiaguantaderos. La norma busca darle al Estado provincial nuevas herramientas administrativas y judiciales para intervenir sobre inmuebles utilizados para la comercialización de drogas, actividades delictivas y situaciones de abandono que representen un riesgo para la seguridad pública.
La ley fue impulsada por el Ejecutivo provincial junto con dos propuestas presentadas por los legisladores Oscar Agost Carreño, del PRO, y Oscar Saliba, de la UCR.
Puntualmente, se establecen inspecciones, informes técnicos y resoluciones que habilitarán medidas preventivas como “cerramientos, clausuras provisorias, tapiados, bloqueos de accesos, custodia o aseguramiento de los inmuebles, siempre respetando las competencias judiciales y el debido proceso”, se informó.
Según establece la ley, el Estado podrá intervenir “cuando se encuentren en condiciones objetivas y verificables de deterioro relevante, desmantelamiento, riesgo de ruina o derrumbe que generen un riesgo para la seguridad pública o la convivencia ciudadana y cuando se encuentren vinculados, de manera actual, anterior o reiterada, a actividades delictivas, en particular cuando sean utilizados o hubieren sido utilizados como guarida, aguantadero o búnker”.
“La tranquilidad en un barrio llega no solo cuando detenemos al delincuente, sino también cuando derrumbamos ese lugar para que desaparezca de una vez por todas el hecho material que permite delinquir. La iniciativa busca llevar tranquilidad a los vecinos y poner intranquilos y bajo las rejas a los delincuentes”, había destacado el gobernador Martín Llaryora horas antes de su tratamiento.
- Autoridad de aplicación y Unidad Interagencial
El Ministerio de Seguridad de la Provincia será la autoridad de aplicación general de la nueva norma, que prevé también la incorporación de la “autoridad de aplicación especial” en los supuestos vinculados al microtráfico o al funcionamiento de búnkeres. En estos casos, el Ministerio de Justicia y Trabajo ejercerá la coordinación especial del régimen administrativo con intervención de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).
Además, contempla la creación de una Unidad Interagencial, integrada por representantes del Gobierno de la Provincia, a través de los ministerios de Seguridad y de Justicia y Trabajo; del Ministerio Público Fiscal; de la Policía de la Provincia de Córdoba; de la Fuerza Policial Antinarcotráfico y de los municipios y las comunas, que deberán articular mecanismos de coordinación interagencial.
- Registro Provincial de Bienes Intervenidos
A su vez, la ley establece la creación del Registro Provincial de Bienes Intervenidos, a cargo de la Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos, cuya finalidad será “centralizar, sistematizar, actualizar y resguardar la información relativa a los bienes comprendidos en la ley, asegurar la trazabilidad de las intervenciones, facilitar la coordinación entre las autoridades competentes y contribuir a la planificación estratégica, priorización, seguimiento y evaluación del régimen”.