Tras el hallazgo del cuerpo sin vida de la adolescente Agostina Vega, la Legislatura se convirtió en el escenario de una severa ofensiva contra el poder político y la justicia cordobesa. Bloques de la oposición presentaron de manera conjunta un pedido de jury de enjuiciamiento para los fiscales de instrucción Iván Rodríguez y Raúl Garzón, en el marco de las repercusiones por la causa que investiga la trágica muerte de la joven de 14 años.
La presentación, que expone una grieta profunda en la estructura institucional de la provincia, no se limitó al ámbito judicial: el documento incluye de forma taxativa la exigencia de renuncia inmediata para el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.
La iniciativa logró unificar los criterios de bancadas con diversas extracciones ideológicas, consolidando un frente opositor de peso en la Unicameral. El documento lleva las firmas de los representantes de la Unión Cívica Radical (UCR), Frente Cívico, PRO, Encuentro Vecinal, La Libertad Avanza, Mejor Futuro y Valores Republicanos.
Desde el bloque de legisladores del Frente Cívico, una de las fuerzas impulsoras del reclamo, argumentaron que la gravedad de la situación actual requería una postura firme y unánime. Según manifestaron los parlamentarios, el principal objetivo de esta presentación es «defender Córdoba ante el descalabro político-judicial que ha sacudido a nuestra provincia en esta última semana».