La sesión ordinaria de la Legislatura de Córdoba se vio truncada este miércoles tras la decisión de la bancada mayoritaria de Hacemos Unidos por Córdoba de no bajar al recinto para dar quórum. La determinación oficialista respondió a la falta de definiciones institucionales en torno al caso del agente Omar Ludueña y el rol de la legisladora radical Alejandra Ferrero, a quien el oficialismo le reclama que se aparte temporalmente de su banca.
La tensión política escaló tras cumplirse 20 días desde el primer pedido formal encabezado por el legislador oficialista Leonardo Limia, quien había solicitado una señal clara para salvaguardar el prestigio del cuerpo deliberativo y garantizar respeto hacia la presunta víctima.
El conflicto se centra en las responsabilidades administrativas y políticas derivadas de la causa judicial que involucra a Ludueña, quien se desempeñaba con vinculación funcional en el despacho de Ferrero, actual titular del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR).
«Es importante aclarar que Omar Ludueña se encuentra involucrado en una investigación judicial por presuntos delitos contra la integridad sexual, causa que está siendo investigada por el Poder Judicial. Sin embargo, la situación institucional corresponde también a esta Legislatura, dada su vinculación funcional con el despacho de la legisladora Alejandra Ferrero», manifestó Limia a través de sus canales oficiales.
Desde el bloque de Hacemos Unidos por Córdoba emitieron un comunicado en el que fundamentaron la medida de fuerza parlamentaria y exigieron esclarecer los tiempos de reacción de la bancada opositora:
Tiempos de notificación: Determinar con precisión cuándo se conocieron internamente los hechos denunciados.
Cadena de conocimiento: Precisar quiénes estaban al tanto dentro del equipo de trabajo parlamentario.
Actuación institucional: Evaluar cómo se procedió frente al caso y si las medidas adoptadas fueron oportunas y de buena fe.
Parálisis legislativa hasta nuevo aviso
El oficialismo insistió en que no deben existir privilegios ni tratos diferenciados según la pertenencia partidaria a la hora de abordar situaciones de gravedad ética.
«Pedimos que no haya doble vara. El mismo criterio que se aplica a los demás debe sostenerse cuando el caso involucra al propio espacio político»; concluyó Limia, dejando en claro que la actividad en el recinto continuará supeditada a una definición sobre la continuidad de Ferrero en sus funciones.