En 2016, vecinos y organizaciones sociales derribaron el muro, paralelo a la vía del tren, en el ingreso a Manantiales. Esta acción motivó un encuentro entre las partes que están de ambos lados del muro: moradores y organizaciones vecinales, y el Grupo Edisur que terminó en el compromiso de quitar esta estructura “medieval”. El paredón de 1600 metros fue construido por esta desarrollista, argumentando «seguridad ferroviaria», buscando separar el desarrollo inmobiliario de los barrios colindantes. El compromiso que no fue cumplió 10 años y el muro no acuerda con una comunidad que exhibe su impronta de sustentabilidad certificada internacionalmente, que fue construida en lo que era un monte con fauna y flora autóctona, y crece detrás de una pared de exclusión para no ver a comunidades vecinas dentro de la misma ciudad.
Hace ya tiempo dijeron que sacarían el muro
En la ciudad de Córdoba, los trenes no son parte del paisaje diario. Sin embargo, en la zona suroeste de la ciudad, se escucha dos veces al día la bocina del tren de cargas de la red del Ferrocarril Mitre, operado por una empresa privada, que transporta principalmente piedras (tolvas) desde canteras de Malagueño hasta la estación Ferreyra. Ni bien el tren atraviesa la avenida de circunvalación e ingresa a la ciudad, se encuentra con un muro de 1600 metros de largo solo del lado derecho de su recorrido, que vergonzosamente divide dos sectores abiertos de la capital cordobesa: detrás del muro, los desarrollos de Manantiales, y del otro, los barrios de otros cordobeses.
En julio de 2016, el barrio-ciudad Parque las Rosas celebraba sus 10 años de vida, una trayectoria que no vino de la mano del «acceso a una vivienda digna», como proclama la Constitución Nacional en el artículo 14 (bis). El sueño de la casa propia comenzó cuando un grupo de vecinos limpió un basural para construir sus viviendas, con muchas dificultades y sin recursos. Resistieron el accionar de la policía, reconstruyeron luego de cada destrucción de sus construcciones precarias y vivieron con el permanente miedo al desalojo. Haciendo guardia, organizándose, la comunidad inventó un barrio y construyeron hasta una escuelita. Cinco años después de aquella decisión colectiva, la Legislatura de la Provincia de Córdoba sancionó la ley que escrituró estas tierras a sus ocupantes y ordenó obras de infraestructura básica, dando comienzo al barrio-ciudad.
En noviembre de 2016, diez años después, se realizó en ciudad Parque las Rosas el 3° Encuentro Provincial de Luchas por la Tierra, junto a vecinos de los valles de Punilla, Paravachasca y Sierras Chicas, organizado por el Encuentro de Organizaciones. Entre otros temas, se trató una deuda pendiente: el muro de casi 2 km levantado al costado de la vía, que los había dejado sin acceso a lugares donde muchos de los vecinos se criaron, como las Siete Alcantarillas, de donde los desalojaron por ser “terrenos inundables” y los trasladaron a viviendas relocalizadas. Poco tiempo después, allí mismo se levantaba «una ciudad nueva dentro de la ciudad», como fuera promocionada la urbanización Manantiales, producto de un Convenio Urbanístico aprobado por el Concejo Deliberante, por el cual se autorizaron el cambio en el uso del suelo y las excepciones de edificación para desarrollo inmobiliario a cambio de que Edisur hiciera obras, dentro de las cuales estaba la puesta en valor de la obra histórica de las Siete Alcantarillas, que quedó dentro de la urbanización. El 19 de noviembre de 2016, esa deuda quedó expuesta.
Como parte del 3° Encuentro Provincial de Luchas por la tierra, los participantes caminaron hacia el paredón separatista. El contraste de ambos lados del muro abrió heridas: detrás, se desarrollaba el evento Manantiales Sunset Food Truck con bandas en vivo; de este lado, los invisibles excluidos del paisaje. Y el muro cayó por primera vez, por el peso de las injusticias acumuladas que empujaron hasta derribarlo y dar paso a que se produzca el encuentro tan temido. Representantes de la empresa llegaron al lugar y se comprometieron a abrir una mesa de diálogo con las organizaciones presentes para la eliminación del muro. Pasaron 10 años de esa promesa y los ecos de los argumentos rebotan aún en el muro.
Derecho de vía y escombros: la legalidad puesta en jaque
En nuestro país, los terrenos linderos a las vías del tren son propiedad del Estado nacional. Estos espacios forman parte de la traza ferroviaria y son administrados por organismos estatales como la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y Trenes Argentinos Infraestructura.
En su recorrido, el tren atraviesa por una franja de terreno de propiedad del Estado o concesionarios llamada derecho de vía. En Argentina, la Ley General de Ferrocarriles n.° 2873 establece una zona de restricción mínima de 20 metros a cada lado desde el eje de vía, donde no se puede construir nada que afecte la solidez de la misma; para plantar árboles o cercos verdes, la restricción es de 12 metros y no se pueden levantar muros a menos de 5 metros de la vía. Esto significa que, aunque algunas parcelas cercanas puedan ser privadas por escritura, el Estado tiene derechos operativos y de seguridad sobre ellas.
Según argumentos de los ejecutivos de Edisur, el muro se construyó por razones de seguridad y con permisos otorgados por el propio Ferrocarril y la Municipalidad de Córdoba. “El argumento es falaz. Solo ha generado una pared para la construcción de viviendas precarias. También ha servido para aumentar los basurales”, dicen desde los centros vecinales y concluyen que “ incrementó la inseguridad para ambos lados”. Del otro lado del muro, la percepción es que “solo se buscó evitar una imagen estética de pobreza y desidia”.
La seguridad es un argumento amplio y manipulable a la hora de justificar decisiones. “Este muro responde antes a una estrategia de venta del emprendimiento que a una necesidad real de seguridad”, afirma la arquitecta Blanc, especialista en Urbanismo Social y docente de la UNC, para quien “la seguridad es una preocupación legítima que, sin embargo, no puede pensarse de manera aislada. Cuando la ciudad se discontinúa y ciertos barrios quedan cada vez más aislados o excluidos de las oportunidades urbanas, la propia inseguridad tiende a crecer en lugar de disminuir, porque se profundizan las desigualdades socioespaciales, se vulnera el derecho a una vivienda adecuada y el derecho de todas las personas a disfrutar la ciudad, y ese proceso termina generando más conflictos sociales y urbanos”.
Desde la Cátedra de Arquitectura 6 C de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD-UNC), trabajan con proyectos de urbanismo social, entre otros, y aportan: “Desde el urbanismo, entendemos que la seguridad no puede reducirse exclusivamente a la construcción de barreras físicas. La evidencia acumulada muestra que las ciudades más seguras son aquellas que cuentan con espacios públicos activos y de calidad, múltiples conexiones, diversidad de usos, buena accesibilidad y presencia cotidiana de personas. La seguridad está lejos de depender del control o del aislamiento, sino, más bien, de la calidad urbana, de la confianza social y de la construcción de comunidad”. Como formadores de profesionales, les preocupa “la consolidación de un imaginario que asocia sistemáticamente lo público con el riesgo y lo privado con la seguridad. Esa mirada no solo condiciona la forma de proyectar la ciudad, sino también las políticas urbanas y las relaciones entre quienes la habitan. Cuando las estrategias de seguridad se traducen en muros, cierres o interrupciones de la continuidad urbana, resulta necesario preguntarse cuáles son sus efectos sobre quienes viven y circulan fuera de esos límites. La seguridad de unos no debería construirse a costa de mayores dificultades de acceso, movilidad o integración para otros”.
Vivir del otro lado: cuando la conectividad es un lujo
La percepción que tiene el barrio René Favaloro Sur es que quedó encerrado e “invisible a cualquier progreso y desarrollo urbano”, como expresa la directora de su Centro Vecinal. “Nosotros no tenemos acceso a la zona sur. Estamos cercados por el canal maestro, las vías del tren y el muro”. Junto a otros centros vecinales, reclaman desde hace tiempo la apertura de la calle Rufino Varela Ortiz que conectaría fácilmente este sector con el resto de la ciudad y que se topa con el muro. “Hay barrios con mayores privilegios que otros, que pueden saltar leyes u ordenanzas sin tener consecuencias legales pertinentes, aun cuando se perjudique a barrios cercanos”, expresa la directora del Centro Vecinal René Favaloro Sur y concluye que “cuando se acepta este tipo de procedimientos, se crea en la sociedad un sentido de discriminación entre la equidad y distribución de los recursos de los impuestos que aportamos”, desde la autoridad de quien sigue reclamando por las vías correspondientes un derecho olvidado.
El muro genera hoy otros problemas en la zona, como los que expone Carolina Acha, del Centro Vecinal Nuevo Rosedal: “En nuestro barrio, sentimos que fuimos estigmatizados: de un lado, Manantiales, una clase que accede a cierta conectividad y, del otro lado del muro, una desconexión, ya que para ir hacia la zona sur usando el transporte público, tenemos que ir hasta la zona céntrica, tomar otro transporte y nos lleva mucho más tiempo y dinero”.
Esta falta de conectividad “dificulta el acceso a instituciones educativas que están del otro lado del muro, como el Instituto Renault o el campus de la Universidad Católica”, explica Acha. Asimismo, detrás del muro, hay instituciones educativas públicas como el profesorado ISDF Trettel, con poco acceso en transporte público y falta de calles que conecten con barrios como Villa Libertador o barrio Congreso. “Lo que nosotros estamos pidiendo es diagramar conectividades”, concluye Acha. Desde el Instituto de Formación Docente Reneé Trettel, un profesorado que cuenta con edificio propio hace un par de años en la zona, coinciden en este planteo. “No podemos perder de vista que, por más que tengamos las calles que tengamos, si no hay una línea de transporte que acerque a los estudiantes a nuestro Instituto, posiblemente analicen otro recorrido formativo”, explica su directora, Tania Haefeli. “Nuestras propuestas educativas se van expandiendo más territorialmente y, con la expo carrera que desarrollamos el año pasado, aún más. Nos visitaron escuelas de barrios que se encuentran un poco más alejados como Smata, Sacchi, Las Flores, es decir, barrios cercanos a la avenida Cruz Roja”. Barrios que se encuentran del otro lado del muro, que, en términos de distancias, no están tan alejados, pero sí poco accesibles en transporte público, concluye Haefeli desde su experiencia en la gestión de recursos para acceso a la educación superior.
Docentes de la FAUD-UNC aportan que “el caso de Manantiales expresa tensiones que hoy atraviesan el crecimiento de Córdoba. La expansión de grandes desarrollos urbanos plantea interrogantes sobre cómo se articulan con la ciudad existente, qué impactos generan sobre la conectividad entre barrios y cuál es el papel del Estado en la regulación de esas transformaciones”.
Obras que perjudican a otros vecinos detrás del muro
Costa Canal III es un asentamiento ubicado entre el canal Maestro Sur y las vías del tren. Según la Ordenanza Municipal n.° 9110, estos terrenos fueron destinados a un parque urbano y espacio verde protegido, que hoy es el Parque de la Vida. Desde el año 2022, este emplazamiento parte del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), que otorga un Certificado de Vivienda Familiar a sus habitantes. Viven allí unas 12 familias.
Junto con el muro, Edisur construyó un desagüe pluvial en continuidad con el canal para la urbanización Manantiales. Esta obra fue denunciada por los vecinos porque modificó el curso natural del agua y se realizó con una cota más elevada, según consigna el informe realizado por Comuna Cooperativa, una cooperativa de arquitectura y diseño que trabaja en la urbanización de los barrios populares en Córdoba. Se realizaron denuncias por los anegamientos frecuentes y persistencia de agua estancada en estas viviendas como consecuencia de esta obra, y como respuesta recibieron la visita de SENASA, quien retiró animales para evaluar su estado sanitario que nunca fueron devueltos a sus dueños. Una vez más, estos vecinos se vieron perjudicados sin explicaciones y sus denuncias, sin respuesta.
Greenwashing de hormigón: ¿para quién es la ciudad verde?
La certificación LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental) es una evaluación internacional para medir la sostenibilidad y eficiencia de los edificios. Otorga puntos según qué tan ecológica es una construcción, a veces sin considerar el contexto.
A finales de 2024, Edisur descubrió la placa “Leed for Cities and Community” ante la presencia del intendente de la ciudad y colaboradores de la empresa. El galardón se expuso en Proyectar Córdoba 2024, un evento organizado por CEDUC, la Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos de Córdoba, para desarrolladores y actores del mercado inmobiliario. En este evento, Manantiales se presentó como un ejemplo de una urbanización donde todos los vecinos tienen un espacio verde a una distancia no mayor a cinco cuadras. Sin embargo, no es la misma visión que el grupo empresario tiene por fuera de la urbanización, donde, en 2025, realizaron un desmonte ilegal en un bosque nativo en la ribera del arroyo la Cañada, que fue denunciado e impedido por vecinos del otro lado del muro, dejando suelo expuesto, con menor absorción de agua, en un terreno con pendiente hacia la Cañada, en el comienzo de la temporada de lluvias. Tal vez la certificación LEED se entienda puertas adentro de esta urbanización, pero, detrás del muro, hay una ciudad.
La Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad entiende la ciudad como un bien colectivo y reconoce el derecho de todas las personas a habitarla, usarla, producirla, gobernarla y disfrutarla en condiciones de igualdad, contextualizan desde la Cátedra de Arquitectura 6 C de la FAUD-UNC. En la misma línea, aportan que la Nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas propone promover ciudades inclusivas, integradas, conectadas y sostenibles, fortaleciendo el espacio público, la cohesión social y la reducción de las desigualdades territoriales. Estos principios constituyen un marco de referencia para pensar cualquier intervención urbana, concluyen.
La ecología urbana pierde su validez si no se concibe a la par del derecho a la ciudad, que implica “reconocer que el principal valor de la ciudad reside en la posibilidad de ser vivida, recorrida, compartida y transformada por todas las personas. Las decisiones sobre su crecimiento deberían fortalecer la continuidad del espacio público, la conectividad entre barrios, la accesibilidad, la movilidad y las oportunidades de encuentro, porque allí también se construyen ciudadanía, integración y democracia urbana”, aportan desde la cátedra.
Cuando un desarrollo de vanguardia levanta murallas de 1600 metros en terrenos públicos para aislar a las comunidades contiguas y cortar el paso de calles, no solo se genera un impacto ambiental; se vulneran abiertamente estos derechos. La verdadera sostenibilidad no puede cercarse dentro del perímetro de una inversión privada. Es en esta grieta donde el concepto de justicia ambiental cobra su carácter más urgente.
“Cuando la producción de ciudad queda orientada principalmente por las dinámicas del mercado, existe el riesgo de que el suelo urbano y la infraestructura se conciban prioritariamente como activos económicos, relegando su dimensión social, su dimensión ambiental y, como consecuencia, su función como soporte de la vida colectiva. El desafío del Estado consiste precisamente en orientar y regular esas dinámicas para que el desarrollo urbano responda al interés público y no únicamente a la valorización del suelo”, concluyen los docentes de Arquitectura desde la academia y la experiencia en territorio.
La ciudad no es una mercancía ni una suma de barrios estancos. Si la planificación urbana no garantiza el derecho a la ciudad para todos los vecinos, el discurso de la sustentabilidad se reduce a un eslogan de exclusión.
*Por Alicia Córdoba para La tinta / Imagen de portada: No Queremos Inundarnos.
