Una alumna de un colegio privado de la ciudad de Córdoba que sufrió graves quemaduras durante una clase de química recibirá una indemnización multimillonaria, luego de que la Justicia determinara la responsabilidad de la institución educativa por el accidente ocurrido en septiembre de 2022.
La resolución fue dictada por el juez Gustavo A. Massano, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 51.ª Nominación, quien condenó al establecimiento a pagar más de 351 millones de pesos, además de garantizar la cobertura de futuras intervenciones quirúrgicas.
El episodio ocurrió el 6 de septiembre de 2022, cuando la adolescente, que entonces tenía 17 años y cursaba el último año del secundario, participaba de una actividad experimental conocida como «la serpiente del faraón».
Durante la práctica, una compañera agregó alcohol a un recipiente utilizado para el experimento, lo que provocó una llamarada que alcanzó a la víctima y le produjo quemaduras principalmente en el rostro, cuello, torso y manos.
La estudiante fue trasladada al Instituto del Quemado del Hospital Córdoba, donde permaneció internada durante más de 70 días. Según consta en la demanda, debió afrontar 36 operaciones durante su internación y otras cinco después de recibir el alta.
Las lesiones dejaron importantes secuelas físicas y psicológicas, con consecuencias permanentes sobre su salud, sus actividades cotidianas y sus posibilidades de desarrollo personal y laboral.
Las fallas de seguridad que detectó la Justicia
Al analizar las circunstancias del accidente, el magistrado consideró que el colegio incumplió obligaciones fundamentales de seguridad y prevención.
Entre las irregularidades señaladas se encuentran la falta de elementos de protección adecuados, el incumplimiento de pautas establecidas en el propio manual de seguridad del establecimiento y la insuficiente supervisión de los grupos que realizaban simultáneamente el experimento.
La institución había sostenido que el accidente se produjo por la conducta imprudente de otra estudiante, quien agregó alcohol sin autorización de la docente.
Sin embargo, el juez rechazó ese argumento y recordó que los establecimientos educativos tienen una responsabilidad objetiva por los daños sufridos por alumnos menores de edad mientras se encuentran bajo su cuidado, conforme al artículo 1767 del Código Civil y Comercial.
Una indemnización multimillonaria y nuevas operaciones
La sentencia, dictada el 4 de septiembre de 2026, estableció una condena de 351.141.238,79 pesos, contemplando distintos conceptos indemnizatorios, entre ellos las consecuencias de la incapacidad, el daño moral, los tratamientos médicos y psicológicos, los medicamentos y otros gastos derivados de las lesiones.
Además, el tribunal reconoció una indemnización por daño punitivo y dispuso que se garantice la realización de hasta 30 intervenciones quirúrgicas durante los próximos cinco años, con las condiciones establecidas en el fallo.
Por otra parte, el magistrado ordenó el pago anticipado de más de 175 millones de pesos, equivalente a la mitad de la condena, dentro de los 20 días hábiles posteriores a la notificación de la resolución.
La decisión también alcanza a la compañía aseguradora citada en el proceso, en los términos y límites establecidos judicialmente.
El fallo pone el foco en la obligación de los establecimientos educativos de garantizar condiciones seguras durante las actividades escolares, especialmente cuando se utilizan sustancias inflamables o se desarrollan prácticas que implican riesgos para los estudiantes.