Más de veinte años de silencio, una denuncia por abuso sexual en el seno de una conocida familia de Villa Carlos Paz y un pedido de justicia que todavía persiste. La lucha de dos hermanos por reactivar una causa archivada sumó el apoyo de una reconocida influencer, quien decidió romper el «pacto de silencio» y denunciar públicamente la inacción del sistema.

La historia se remonta a los primeros años de la década del 2000. Tras la muerte del padre biológico de dos niños pequeños, su madre rehizo su vida y formó una nueva pareja. Tiempo después, el hombre decidió adoptar legalmente a los hijos de su esposa, convirtiéndose formalmente en su padre. De esa nueva unión nació una hija biológica, quien años más tarde alcanzaría una enorme notoriedad en las redes sociales.

Sin embargo, detrás de la fachada de una familia ensamblada se escondía una trama oscura. Según consta en las resoluciones judiciales, los dos hermanos denunciaron haber sufrido graves abusos sexuales en el ámbito familiar cuando eran menores de edad, situando los hechos entre los años 2002 y 2004. En 2005, el acusado abandonó el hogar, dando inicio a un laberinto judicial que se extendería por dos décadas.

Durante años, el expediente permaneció congelado por una discusión jurídica técnica: la prescripción. En una primera instancia, el hombre fue sobreseído bajo el argumento de que el tiempo para juzgar los delitos ya había caducado. Parecía el cierre definitivo del caso, pero la persistencia de las víctimas logró lo impensado.

En abril de 2023, la Cámara de Acusación de Córdoba dictó un fallo bisagra: revocó el sobreseimiento. Los magistrados aplicaron una perspectiva de niñez y género, entendiendo que el abuso sexual infantil intrafamiliar altera los tiempos lógicos de denuncia. Los jueces valoraron que las características traumáticas de estos delitos y la vulnerabilidad de las víctimas menores de edad suelen postergar la posibilidad de hablar. Con este argumento, la causa penal se reactivó por completo.

El fallo fue considerado un punto de inflexión para los denunciantes, ya que permitió reactivar un expediente relacionado con hechos que habrían ocurrido más de veinte años atrás. La decisión también generó repercusión por tratarse de una causa que parecía encaminada a quedar definitivamente cerrada por el paso del tiempo.

El vínculo de adopción

Un año después, en julio de 2024, la historia sumó otro capítulo judicial de relevancia. La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de San Isidro confirmó la revocación de la adopción que vinculaba legalmente a los dos hermanos con el hombre denunciado. La familia era oriunda de Buenos Aires y luego se habían mudado a Carlos Paz.

La adopción había sido formalizada en 2003, luego de que el acusado contrajera matrimonio con la madre de los jóvenes. Ya siendo adultos, los hermanos promovieron una acción para dejar sin efecto ese vínculo jurídico, argumentando que habían existido hechos de extrema gravedad durante la convivencia familiar.

Los jueces ratificaron la decisión de primera instancia y mantuvieron la revocación de la adopción. Aunque se trató de un expediente de familia independiente de la causa penal, la resolución tuvo un fuerte impacto porque reconoció la ruptura definitiva del vínculo legal construido más de dos décadas atrás.

Reclamo e indignación en redes sociales

A pesar de estos avances sustanciales entre 2023 y 2024, la causa penal de fondo sigue sin una condena firme. Esta parálisis motivó la reciente reacción de la hija biológica del acusado: la influencer libertaria conocida como «Marilú» (de gran trascendencia en el canal de streaming «Carajo»). Lejos de defender a su progenitor o llamarse a silencio para proteger su carrera, la joven utilizó el alcance de sus redes sociales para alinearse incondicionalmente con sus hermanos adoptivos.

A través de una serie de publicaciones que recolectaron miles de interacciones y el apoyo masivo de su comunidad, la joven expuso su profunda preocupación por la falta de definiciones en el expediente. Sus mensajes volvieron a poner el foco en la lentitud de los tribunales cordobeses frente a una causa que arrastra más de veinte años de espera.

Hoy, la investigación se encuentra en una encrucijada: con el lazo familiar roto por ley y la prescripción anulada, las víctimas esperan que se haga justicia con el temor que el paso del tiempo gane la última batalla.